Hospitalizado uno de los inmigrantes en huelga de hambre en Lepe

El Gobierno ofreció a los encerrados 'la resolución favorable de la mayor parte de sus expedientes, rechazados en el procedimiento de regularización' y la legalización de su residencia 'por razones humanitarias o circunstancias excepcionales'. Los inmigrantes rechazaron esta oferta porque carecía, a su juicio, de 'garantías jurídicas'. Exigieron un pacto como el alcanzado en Barcelona, que supone la regularización de todos los que cuenten con una oferta de trabajo.

Los inmigrantes están decididos a continuar con la movilización. 'No vamos a dejar el encierro hasta que tengamos soluciones. Si nos tienen que sacar de aquí en camilla, pues lo harán', manifestó ayer Desio Machado, portavoz del colectivo.

En el encierro se respira cierto ambiente de desolación. Pero los inmigrantes tienen el firme propósito de llegar hasta el final. Sólo estarían dispuestos a replantear su protesta si, al menos, el Gobierno les concede un año de residencia en España prorrogable y la exención de visado. 'Nos pretenden engañar y no nos engañarán. Vamos a seguir aquí. Desde la Subdelegación del Gobierno en Huelva sólo nos han intentado vender ilusiones ópticas', indicó Desio Machado.

María Villaverde, portavoz en Huelva de la Plataforma contra la Ley de Extranjería, expresó ayer públicamente su preocupación 'por el creciente deterioro' de la salud de los encerrados. Villaverde criticó lo que considera escaso afán negociador de los representantes de la Subdelegación del Gobierno en Huelva. 'Han hablado de que se trata de personas ilegales. Dicen: 'Esto es lo que hay y, si no, a su casa'. No han cumplido ni quieren cumplir', indicó.

Los representantes de los inmigrantes mantienen abiertas las puertas para proseguir las negociaciones con la Subdelegación del Gobierno en Huelva, pero tienen poca fe en los resultados que puedan conseguirse. Ahora han depositado todas las esperanzas en las conversaciones que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha emprendido con el delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado.

Los encuentros entre representantes de la plataforma y de la Administración están marcados de momento por el fracaso. Carmelo San Martín, subdelegado del Gobierno en Huelva, se lamentó el martes: 'Estos señores desconfían de las buenas intenciones del Gobierno. Espero que finalmente se fíen'.

El subdelegado afirmó que entre ambas partes existe un entendimiento de fondo, pero que discrepan en la forma de desarrollar el acuerdo de Barcelona.

La plataforma, además, reivindica la legalización en bloque de los 13 inmigrantes sin papeles y la Subdelegación ofrece estudiar cada caso individualmente, como marca la Ley. 'En Barcelona había unos 1.000 inmigrantes y nadie se ha parado a analizar caso por caso. No queremos que en Huelva pongan el cartel de reservado el derecho de admisión para los inmigrantes', ironizó Desio Machado.

Por su parte, el presidente provincial del PP de Huelva, Francisco Pérez, expresó ayer su apoyo a la actuación del subdelegado del Gobierno.