El PSOE recurrirá la Ley de Extranjería ante la negativa de Rajoy a negociar

El interlocutor del PSOE, Jesús Caldera, estuvo esperando en vano ayer casi todo el día la llamada de Rajoy para ser convocado a una nueva reunión. No sólo no hubo llamada sino que por la tarde Rajoy, en el Congreso y ante los medios de comunicación, no se midió. Y sobre todo se esforzó en dejar bien sentado que las relaciones del Gobierno con el PSOE sobre inmigración no tendrán un tratamiento especial como el que demandan los socialistas y sí tuvieron en su pacto antiterrorista.

Rajoy aclaró así públicamente que no pensaba hablar ni ayer ni hoy con Caldera. Y precisó nítidamente que entregará a ese grupo parlamentario el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería 'al mismo tiempo que a los demás partidos, como es natural', es decir, mañana viernes.

Cuando se le preguntó ayer si pensaba conversar de nuevo con Caldera ante del día 23, cuando se acaba el plazo para presentar los recursos de inconstitucionalidad, Rajoy desafío al PSOE a que tomase esa decisión: 'Si alguien cree que una ley es contraria a la Constitución la recurre y si cree que no, no la recurre'. Si la ruptura se concreta, la Ejecutiva del PSOE muy probablemente aprobará el lunes que sea su Grupo Parlamentario en el Congreso el que recurriese la ley, y no que un problema de trascendencia nacional se afrontase como hasta ahora desde distintas autonomías, algo que verían con buenos ojos una gran mayoría de los dirigentes del partido.

Prioridad a sindicatos

Fuentes próximas al vicepresidente se negaron a descartar que pudiera producirse una conversación bilateral 'pero seria' en cualquier momento con el portavoz del PSOE pero sí rechazaron tajantemente que ese contacto pueda modificar algo la estrategia de fondo. El Gobierno no quiere conceder en este caso un tratamiento singular al PSOE. Las mismas fuentes agregaron incluso que esa preferencia sí se quiere dar a la patronal y los sindicatos, con los que el vicepresidente se entrevistará el lunes, y a los que ahora considera más necesarios que el PSOE.

El vicepresidente mostró su malestar por la actitud del PSOE tras su última entrevista con Caldera. Fuentes de su equipo señalaron incluso que se siente traicionado porque en esa cita, hace algo más de una semana, Caldera le pidió ayuda para evitar con un posible acuerdo de Estado los recursos de inconstitucionalidad que ya preparaban varias autonomías gobernadas por socialistas y justo al día siguiente el PSC en Cataluña y el PSE en Euskadi permitieron que ambos parlamentos los aprobasen.

Caldera desmintió ese extremo y señaló además que ese argumento le parecía muy pobre. Mientras el Gobierno estima que el PSOE en realidad no quiere firmar un pacto de Estado con el PP, porque tiene fijado el plazo de la Ejecutiva Federal del próximo lunes para resolver si recurre esa ley, los socialistas formulan la misma acusación contra el Ejecutivo.

El ministro del Interior, en su afán por negar ayer cualquier interés en su relación con el PSOE con este asunto, descartó que la 'marcha atrás' dada por el Gobierno en el sistema de la repatriación de los 24.000 ecuatorianos sin papeles a su país para obtener esos visados obedeciera a las propuestas de los socialistas. Rajoy justificó esa rectificación en las peticiones del Defensor del Pueblo, el socialista Enrique Múgica, que él comparte, según dijo.

Reiterar la oferta

El PSOE acogió con bastante desolación esta actitud de Rajoy, que en cualquier caso no es nueva ante ofertas lanzadas por ese partido. El secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, reunió a su equipo de máxima confianza y optó por no escuchar el desplante y reiterar la oferta de pacto. Eso sí, ante la previsión de inminente ruptura por parte del Gobierno, el PSOE decidió hacer público el documento que hace nueve días Caldera entregó a Rajoy para que la opinión pública conozca cuáles eran las líneas básicas del posible acuerdo.

De los siete puntos destacan los referidos a la regularización de los inmigrantes que viven en España: 'Consensuar medidas para el desarrollo de actuaciones de regularización en el marco y mediante la aplicación de la legislación vigente. Se tendrá especialmente en cuenta a aquellos inmigrantes que dispongan de ofertas firmes de trabajo'. También se reclama una Comisión Mixta del Consejo Superior de Política de Inmigración, sindicatos y organizaciones empresariales, que colaborará en el establecimiento del contingente anual de trabajadores extranjeros. Y se pide potenciar la política de cooperación al desarrollo y la ayuda con los países emisores de emigrantes.

El PSOE ofrece algunas soluciones para el tratamiento de los derechos de reunión y manifestación, asociación, sindicación y huelga. En primer lugar, a través de la futura Ley del Derecho de Asociación, que el Gobierno presentará en breve a las Cámaras, se puede restablecer el derecho de asociación, que niega a los indocumentados, junto al de huelga y manifestación, los artículos de la ley que los socialistas consideran que pueden ser inconstitucionales. También se ofrece la posibilidad de cambiarlos por completo y se propone una regulación de los derechos con limitaciones. El PSOE, además, pretendía trascender las leyes con el pacto y ser copartícipe de toda la política de inmigración, con todas las consecuencias.