El Ayuntamiento tramita el expediente para legalizar en el próximo pleno la iglesia del barrio del Pilar

La comisión informativa de Urbanismo del Ayuntamiento tramitó ayer el expediente para llevar al próximo pleno municipal el estudio de detalle que permitirá legalizar la situación de la iglesia de Nuestra Señora de las Fuentes, en el barrio del Pilar, sobre la que pende una orden de derribo desde hace siete años que no ha llegado a cumplirse. El Tribunal Superior de Justicia ha reiterado en diversos fallos que la legalización del templo es imposible y que sólo cabe su demolición.

La batalla legal en torno a la iglesia de Nuestra Señora de las Fuentes comenzó en noviembre de 1990, cuando dos vecinos de la calle de Villa de Marín, 41, presentaron un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia porque el templo había sido construido a menos de siete metros de sus casas y les tapaba la luz. En enero de 1993 los jueces les dieron la razón, declararon nula la licencia de edificación del templo y ordenaron demoler 'aquella parte de lo edificado que sobrepasara el límite de separación'. Un año después, en enero de 1994, el Tribunal Superior envió un requerimiento al alcalde para que cumpliera la sentencia, a la vista de que el templo seguía intacto. A un nuevo requerimiento, esta vez al arzobispado, en septiembre de 1994, los representantes eclesiásticos responden que están negociando un acuerdo con el Consistorio y los vecinos para no derribar el templo. La respuesta de los jueces no deja lugar a dudas: debe ser demolido en 20 días.

Cuatro meses después, en enero de 1995, el Ayuntamiento decide por decreto ejecutar la sentencia ante el incumplimiento del arzobispado, que recurrió, sin éxito, el decreto municipal ante los tribunales. Un mes después, el Ayuntamiento envía las máquinas para proceder al derribo, pero el arzobispado lo impide aduciendo que el templo debe ser desacralizado antes de su demolición.

Al año siguiente, en marzo, el Ayuntamiento comparece ante el tribunal y asegura que lo que está construido ilegalmente es el bloque de los demandantes, y no la iglesia. El arzobispado demanda a los propietarios del inmueble.

La iglesia es finalmente desacralizada en noviembre de 1996 y, tras varios intentos fallidos de evitar el derribo tanto por parte del arzobispado como por parte del Ayuntamiento, el Consistorio intenta una nueva vía: aprueba un acuerdo en el pleno municipal del 23 de marzo de 2000 para legalizar el templo. En medio de una polémica que incluyó un encierro de los vecinos, el Tribunal Superior anuló el acuerdo y abrió diligencias penales contra los 23 ediles -incluido el alcalde- que votaron a favor. El Ayuntamiento recurrió la anulación del acuerdo ante el Supremo y ahora, sin esperar a la resolución, intenta utilizar la fórmula del estudio de detalle para conseguir la legalización.

La oposición municipal, PSOE e IU, ya ha anunciado que votará en contra de dicha legalización. Izquierda Unida, que en su día votó a favor, no lo hará esta vez porque 'hay un proceso judicial en curso', según explicó el concejal Justo Calcerrada. Por su parte, la representante del PSOE, Marta Rodríguez Tarduchy, apuntó que las 'sentencias están para ser cumplidas', aunque 'el PP está haciendo todos los recorridos' para evitarlo con el fin de que, 'cuando el Supremo emita su fallo, la situación ya esté legalizada desde el punto de vista administrativo'.