El Ayuntamiento intenta de nuevo legalizar una iglesia sobre la que pesa una orden de derribo

El estudio de detalle, del cual será informada hoy la comisión municipal de Urbanismo, es un paso más en el pulso que mantiene el Ayuntamiento con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a cuenta de la iglesia de Nuestra Señora de las Fuentes. La última vez que el Consistorio intentó legalizar el templo, los magistrados de dicha instancia judicial anularon el acuerdo plenario tomado al respecto y dedujeron testimonio (abrieron diligencias penales por supuesta prevaricación) contra los 23 ediles del Ayuntamiento -incluido el alcalde, José María Álvarez del Manzano- que habían votado a favor de legalizar la iglesia.

Tras ese acuerdo plenario,los cinco jueces del Tribunal Superior que llevaban el caso comunicaron al Consistorio, mediante un auto, que era ilegal usar la figura del estudio de detalle para adecuar la iglesia al plan general, y que sólo cabía cumplir la orden judicial de derribo que pesaba sobre ella.

La orden de derribo del Tribunal Superior era la respuesta a los 10 años de pleitos que mantenían dos vecinos de la zona con el Arzobispado de Madrid, propietario del templo, por la ubicación de la iglesia. Parte del edificio religioso está tan cerca de las casas de los demandantes que les tapa la luz natural. Además, vulnera la separación mínima (siete metros) entre construcciones que establece el plan general de Madrid, según la sentencia dictada al efecto.

Sin esperar al Supremo

El Ayuntamiento vuelve ahora a sacar a la luz la legalización de esta iglesia, sin esperar siquiera a que el Tribunal Supremo estudie el recurso que, hace seis meses, presentaron el Consistorio y el Arzobispado de Madrid contra la decisión del Tribunal Superior de anular el acuerdo plenario que dio luz verde al inicio de los trámites para legalizar la ubicación de la iglesia mediante un estudio de detalle.

El Supremo estimó el citado recurso, lo que implicaba bloquear el derribo, justo cuando el Ayuntamiento, apremiado por los jueces del Tribunal Superior, parecía haber arrojado la toalla y se disponía a cumplir la orden de demolición. La decisisón del Supremo, adoptada in extremis, dejó en suspenso, pues, la citada orden. Han pasado ya seis meses y nada se había movido hasta que ahora ha trascendido que el Consistorio ha terminado de redactar el estudio de detalle (sin esperar al dictamen del Supremo) y que hoy será estudiado por Urbanismo para elevarlo al próximo pleno municipal.

El intento anterior del Ayuntamiento madrileño de legalizar este templo derivó en la apertura de diligencias penales por supuesta prevaricación contra 23 concejales (21 del Partido Popular y dos de Izquierda Unida). La Sección Primera del Tribunal Superior dedujo testimonio contra estos ediles al tener conocimiento de que, lejos de acatar la orden de demolición dictada contra la iglesia, el Ayuntamiento había celebrado un pleno (el 23 de marzo de 2000) y acordado iniciar los trámites para elaborar un estudio de detalle que permitiese adecuar al plan general la ubicación de la iglesia.

La respuesta de los jueces fue anular ese acuerdo plenario y abrir diligencias contra los ediles que habían votado a favor de legalizar la iglesia. Paralelamente, comunicaron al Ayuntamiento que era imposible legalizar la situación del templo mediante el instrumento del estudio de detalle.

La reacción del Ayuntamiento frente a este auto del Tribunal Superior fue anunciar un recurso de casación ante el Supremo. Sin embargo, los jueces del Tribunal Superior respondieron que no cabía recurrir ante el Supremo la nulidad del acuerdo plenario y que la iglesia debía ser demolida. Disconforme con esta decisión, el Consistorio presentó un recurso de queja ante el Supremo, que fue estimado y que es el que dio origen al bloqueo del derribo. En contra del criterio del Tribunal Superior, el Supremo afirmó que el Ayuntamiento sí podía recurrir en casación el auto.

Acto administrativo

El abogado de los demandantes, Javier Dorca, asegura que apelará de nuevo al Tribunal Superior si el Ayuntamiento aprueba en su próximo pleno el citado estudio de detalle. 'En ese momento se produciría el acto administrativo que permite acudir de nuevo al Tribunal Superior', afirma. Desde las filas del PSOE se considera una 'barbaridad' que el Ayuntamiento incluya este punto en el orden del día y que, antes de pronunciarse el Supremo, se eleve al pleno un asunto que ya ha traído consecuencias penales para 23 concejales.

En la actualidad hay dos jueces de instrucción de Madrid que tienen bloqueadas, a la espera de que el Supremo resuelva, las denuncias activadas por el Tribunal Superior. Una, contra los 23 ediles del Ayuntamiento que votaron a favor de iniciar los trámites para elaborar el estudio de detalle, y la otra, contra el Gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Luis Armada, por desobedecer las órdenes para que derribase la parte ilegal de la iglesia.

Sobre Armada han recaído ya dos multas de 500.000 pesetas, impuestas por los jueces del Tribunal Superior, por incumplir dos de las órdenes de derribo que le habían transmitido. Una de ellas la ha abonado ya el gerente de Urbanismo, y la otra debía pagarla, también de su bolsillo, justo cuando el Supremo paró cautelarmente la demolición.