El Parlamento insta al Gobierno a garantizar la privacidad genética

La moción aprobada ayer es resultado de una interpelación al Gobierno presentada la pasada semana por el diputado de CiU Manel Silva. PP y PSOE respaldaron una enmienda transaccional redactada por Convergència en la que, por un lado, se admite la contribución a la mejora de la calidad de vida que puede suponer el descubrimiento del código genético, y, por otro, se alerta sobre el riesgo de que esa identidad genética pueda ser utilizada sin el consentimiento o el conocimiento de las personas y sirva para discriminarlas en el trabajo o en sus posibilidades de contratar pólizas de seguro.

La moción exige al Ejecutivo que impulse los cambios en la legislación para 'garantizar eficazmente los derechos a la privacidad y a la no discriminación por razones genéticas' de los ciudadanos, así como para sancionar la vulneración de tales derechos.

El Congreso pide la puesta en marcha de un Comité Asesor de Ética en Investigación Científica y Tecnológica que informe sobre los aspectos éticos, sociales y jurídicos que puedan derivarse de los descubrimientos en el área del genoma humano. Las conclusiones de ese comité se trasladarán semestralmente al Parlamento.

La iniciativa aprobada ayer se ha inspirado en la experiencia de EE UU, Canadá y Reino Unido, tres países pioneros en la sensibilización de sus poderes públicos sobre cuánto puede afectar la información genética a la privacidad de los ciudadanos. En EE UU, varios Estados ya han regulado por ley la utilización de esta nueva información en el seguro médico, que es el más importante para los estadounidenses. Aquí es menos relevante por la generalización de la sanidad pública. En Canadá está previsto que un organismo público filtre la información genética a la que pueden acceder las aseguradoras.

La moción aprobada ayer también exige la constitución de un grupo de trabajo que estudie el valor de la información genética, sus efectos sobre el contrato de seguro y las consecuencias de la utilización futura de los tests genéticos antes de hacerse un seguro. El Parlamento pide al Gobierno que regule, en materia de seguros, la garantía de que no se vulnerarán los derechos a la intimidad personal y a no ser discriminado tras la difusión de la información genética. De igual forma, defiende desarrollar el Estatuto de los Trabajadores para garantizar que, en el ámbito de las relaciones laborales, no se utilizará la información genética para discriminar a los empleados.

El diputado socialista Diego López Garrido y la diputada del PP Blanca Fernández defendieron, junto a Manel Silva, de CiU, la necesidad de que el Gobierno impulse la regulación en esta nueva materia.