El punto no es final

La decisión de Gabriel Cavallo, juez federal argentino, de anular 'por inconstitucionalidad e invalidez' las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, de 1986 y 1987, sienta un precedente que puede reabrir judicialmente el oscuro pasado de la dictadura de la Junta argentina de 1976-1983. La decisión, cuyo alcance general deberá calibrarse, supone otro paso importante en la lucha contra la impunidad de responsables de crímenes contra la humanidad.

El juez cita en su resolución el fallo de la Corte Suprema al conceder a Italia, en 1998, la extradición del nazi Erick Priebke, condenado por un tribunal romano por una matanza en 1944. Sería contradictorio que los crímenes foráneos no prescribieran y los nacionales sí, o que un ex militar argentino torturador como Ricardo Miguel Cavallo pueda ser extraditado de México a España, pero no juzgado en su propio país. Sin embargo, incluso si el fallo de ayer se consolida en jurisprudencia, no deja de resultar paradójico que varios cientos de oficiales pudieran ser juzgados por horrendos crímenes de la dictadura de las Juntas Militares entre 1976 y 1983, pero no sus jefes, condenados en su día, pero posteriormente indultados individualmente, con la excepción de los casos de secuestros de niños, como los que ahora persiguen al ex dictador Videla y a algunos de sus compinches.

El auto que intenta deshacer las leyes en cuestión se refiere específicamente al secuestro en 1978 de una niña de ocho meses cuyos padres desaparecieron víctimas de un 'grupo de trabajo' formado por ocho militares que deberán declarar ahora. La niña fue ilegalmente entregada a un matrimonio. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha movido el caso de tal modo que casi 700 militares acudieron hace unos días a este grupo pro derechos humanos y a los organismos gubernamentales correspondientes para presentar recursos de hábeas data, lo que les permitiría acceder a la información referida a sí mismos disponible en archivos públicos y privados.

Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron aprobadas por el Gobierno de Raúl Alfonsín, cuatro años después del restablecimiento de la democracia, como mal menor frente a las amenazas de levantamientos militares. En 1998 fueron derogadas, con lo que sólo podían ser juzgadas las personas acusadas de cometer delitos perpetrados después de esa fecha. Las leyes fueron impulsadas en su momento por el recién estrenado nuevo ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, para el cual 'Argentina tiene que cerrar definitivamente un pasado y no se puede mantener en la indefinición'. Bien; ciérrese el pasado, pero con justicia.