Rodríguez Ibarra quiere gravar con un impuesto a la banca en Extremadura

La normativa que pretende imponer el Gobierno extremeño persigue 'gravar fiscalmente la captación del ahorro extremeño y su falta de reinversión en proyectos productivos mediante créditos'. Es decir, la Junta quiere gravar la diferencia que hay entre el ahorro captado de los habitantes de la región y las inversiones que hagan en la misma. 'Hay que sacar el dinero de aquel que lo tiene', justificó Rodríguez Ibarra al término del Consejo de Gobierno extraordinario que la Junta celebró en Cuacos de Yuste (Cáceres).

Una interpretación política que tiene antecedentes, según aclaró el presidente extremeño: 'Hemos sacado dinero a través del impuesto que grava la caza, estamos sacando dinero a través de las eléctricas por el impuesto ecológico y vamos a empezar a recaudar recursos a través de la Ley del Suelo'. 'Pero queda', puntualizó, 'un sector que tiene muchos recursos, que recauda en Extremadura, que sirven para enriquecer o mejorar la situación de sus accionistas, pero no lo invierte en Extremadura. Son los bancos'.

Rodríguez Ibarra matizó que las cajas de ahorros que operan en Extremadura estarán exentas de ese impuesto 'en tanto en cuanto no tienen accionistas y los recursos que generan lo emplean en la obra social'. Aclaró que 'si hay bancos que deciden hacer obra social, ese importe se les deduciría del impuesto'. No precisó el montante que la Junta podría recaudar con ese impuesto: 'No sabemos cuánto será porque si una entidad bancaria hace inversiones sociales se le descontará. Por eso es difícil saberlo'. Además, anunció que la normativa estaría ultimada a final del presente año: 'Tenemos la idea y cuál será la figura fiscal a desarrollar'.

Bombazo en la banca

La noticia cayó como un bombazo en la banca. Según fuentes consultadas, no existe ningún caso similar en otra comunidad autónoma de España. A falta de un análisis en profundidad, los ejecutivos bancarios consultados opinan que esta medida podría considerarse inconstitucional 'porque añadiría una tasa más al Impuesto de Sociedades, limitado a una región'. Esas fuentes afirmaron que la medida sería recurrida en el momento en que se pusiera en marcha.A su juicio, el proyecto 'va contra la normativa europea de libre circulación e instalación de entidades financieras'. También consideran que es complejo establecer a través de una ley 'qué parte de los créditos bancarios se pueden considerar como inversiones en proyectos productivos que repercutan en la región y cuáles no'. 'Parece algo muy discrecional', explican.

Estas mismas fuentes comentan que los créditos concedidos a las pequeñas y medianas empresas (pymes) 'también se podrían considerar como apoyo al tejido empresarial de la región'.

Ibarra lamentó que siendo las necesidades de los ciudadanos cada vez mayores 'y como el Gobierno central no reparte equitativamente lo que recauda, sino que se queda con el exceso de recaudación, las comunidades autónomas están obligadas a pedirle que reparta ese exceso o buscarnos recursos propios para acometer las necesidades que tiene la región'.

'Si pagamos más impuestos sería lógico que ese exceso de recaudación que tiene el Gobierno lo redistribuyera para aquéllos que prestamos el servicio: comunidades autónomas y ayuntamientos. Pero como hay una financiación autonómica rígida toda la recaudación mayor de la prevista que tiene el Gobierno se queda con ella. ¿Y a quién viene la gente a reclamarle una escuela, un instituto, un centro de salud, un conservatorio, un hospital...? A las comunidades autónomas?'.