El Tribunal de Cuentas acusa a Jesús Gil por fraude, tráfico de influencias y prevaricación

Juan José Barrenechea, fiscal del Tribunal de Cuentas, remitió ayer un informe a la Fiscalía General del Estado en el que sustenta sus acusaciones por los supuestos delitos cometidos por el Gobierno municipal de Marbella en documentos aportados por los técnicos del departamento de Corporaciones Locales que dirige el consejero Ándres Fernández Díaz, y que ha elaborado el informe contable sobre la cuentas municipales.

Ahora, la Fiscalía General del Estado deberá decidir si, a la vista del informe, actúa por sí misma o reparte el caso a la Fiscalía Anticorrupción o a la Fiscalía de Málaga para que esas instancias persigan a Gil por los presuntos delitos que se le imputan.

En el informe del Tribunal de Cuentas los auditores del Estado denuncian falsas deudas, acreedores inexistentes, 382 millones en pagos a concejales sin justificar y cuentas bancarias secretas, entre otras irregularidades contables y urbanísticas. Gil ha negado todas las acusaciones y, al mismo tiempo, ha reconocido que en algunos casos actuó fuera de la ley.

El escrito de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que está obligada a actuar de oficio cuando este órgano descubre delitos, centra sus acusaciones en los convenios urbanísticos suscritos por Gil con constructores, empresas y particulares en su calidad de alcalde. Es en ese terreno en el que el fiscal Juan José Barrenechea aprecia delitos.

Concretamente le acusa de los delitos de fraude (artículo 251 del Código Penal), que contempla penas de uno a cuatro años de cárcel; fraude a la Seguridad Social para eludir el pago de las cuotas (artículo 307), con penas de uno a cuatro años de cárcel; prevaricación (artículo 404), que conlleva la inhabilitación de empleo o cargo publico de siete a 10 años; tráfico de influencias (artículos 433 y 434); delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente (artículo 320); asi como del delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (305). La deuda del Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades con la Seguridad Social ascendía en mayo de 2000 a 13.152 millones de pesetas. Con Hacienda superaba los 1.111 millones.

El informe del Tribunal de Cuentas estima que los convenios urbanísticos que denuncia el fiscal ocasionaron perjuicios económicos que ascienden a 1.305 millones. Gil vendió terrenos municipales a precios inferiores a los de mercado y suscribió pactos con los compradores haciendo caso omiso del informe de los técnicos municipales. El interventor formuló hasta 84 reparos sin que el alcalde los resolviera.

Al margen de la actuación del fiscal, el Tribunal de Cuentas pedirá responsabilidades a la corporación a través de su sección de enjuiciamiento, que cuantificará el daño causado y pedirá su devolución al Estado. En los próximos días se nombrará un instructor que analizará las irregularidades y pedirá nuevas explicaciones a Gil para determinar la responsabilidad contable de alcance (daño patrimonial) en las cuentas de Marbella.

Los auditores del órgano fiscalizador del Estado cifran en 62.000 millones la cantidad sin justificar durante nueve años de gestión municipal de Gil. De esta cantidad, 31.538 millones corresponden a las transferidas a las 31 sociedades municipales creadas por Gil y que han funcionado sin libros ni contabilidad, según la auditoría.

La pasada semana Guillermo Ruiz Polanco, juez de la Audiencia Nacional, registró el Ayuntamiento a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción que le acusa de desviar 5.000 millones de pesetas de tres de las citadas sociedades municipales entre 1991 y 1992.

El alcalde de Marbella fue condenado el pasado mes de octubre por la Audiencia de Málaga a 28 años de inhabilitación, seis meses de arresto y un millón de pesetas por cuatro delitos de prevaricación y dos de tráfico de influencias en el denominado caso Atlético, que abordó la publicidad de las camisetas de su equipo de fútbol, el Atlético de Madrid. Gil se mostró satisfecho porque evitó la pena de prisión que solicitaba Anticorrupción.

Además, tiene abierto otro frente judicial en la Audiencia Nacional, donde el juez Manuel García Castellón decidió hace un año la intervención judicial del club de fútbol y le acusó de estafa, apropiación indebida, falsedad en documento público y delitos monetarios. Recientemente se prorrogó la intervención del club durante otros tres meses. En los juzgados de Marbella, Gil tiene abiertas otra docena de denuncias por casos relacionados con sus gestión al frente del Ayuntamiento de Marbella.