El Gobierno replica a la Unión Europea que se limitó a acondicionar un vertedero en Artea

El departamento que dirige Paxti Ormazabal salió al paso del dictamen enviado en enero por la UE a España (ver EL PAÍS del pasado domingo), en el que las autoridades europeas se ratifican en el procedimiento de infracción ambiental abierto por la vulneración de tres normativas: sobre residuos peligrosos, evaluación de repercusiones de proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente y la protección de aguas subterráneas contra la contaminación provocada por determinadas sustancias peligrosas.

El procedimiento de infracción se dirige contra el Gobierno central por una cuestión de forma, ya que es el Ejecutivo autónomo el destinatario real al disponer de plena competencia en materia medioambiental. Al no tener representación directa ante la UE, el trámite se hace a través del Estado.

La consejería precisó ayer en un comunicado que su actuación consistió en un proyecto de acondicionamiento de un antiguo vertedero, clausurado en el año 1992. El objetivo era la descontaminación del terreno. Al no tratarse de la construcción de uno nuevo, según el departamento, el trabajo desarrollado no tenía por qué ceñirse a las directivas que regulan este aspecto.

Además, el Gobierno vasco subraya que la UE no incorpora argumentos que pongan en entredicho las alegaciones que en su día presentó y el dictamen europeo se limita a concluir que el proyecto ha consistido en la construcción de dos vertederos que requerían de las correspondientes autorizaciones, previo cumplimiento del trámite de evaluación de impacto ambiental.

Para los responsables vascos de Medio Ambiente, el proyecto del vertedero de Artea incorpora todo tipo de garantías medioambientales en su ejecución, incluido el trámite de información pública. Respecto a las consideraciones del dictamen acerca de la construcción de edificios sobre un antiguo vertedero, el departamento puntualiza que el centro comercial 'no está edificado sobre ningún vertedero'. Sólo 'una zona menor' del aparcamiento de vehículos se levanta sobre el vertedero . 'La construcción de esta parte del parking se hizo con todo tipo de garantías estructurales', recalca el comunicado.

En cualquier caso, el proyecto de recuperación del vertedero de Zuazu consiguió, en opinión del Ejecutivo autónomo, 'la eliminación de todos los efectos nocivos que sobre el medio ambiente se derivaban de una situación preexistente'. De esta forma, no puede hablarse de 'efectos negativos derivados de la ejecución del proyecto sino muy al contrario y tal y como ha quedado demostrado, se ha logrado una reducción de los parámetros contaminantes en un porcentaje próximo al 98%'.

Tribunal de Luxemburgo

El dictamen elaborado por la UE exige al Gobierno vasco que se ajuste al derecho comunitario y para ello le da un plazo, que por lo general no suele exceder de los dos meses. La decisión no es vinculante, pero en el caso de no cumplir el mandato el asunto se judicializaría y pasaría a manos del Tribunal de Luxemburgo. Si esta instancia confirma que se ha producido una ilegalidad, podría imponer una multa al infractor (en este caso el Gobierno vasco) hasta que se solucione el problema.

El caso es que el vertedero está enterrado bajo 70.000 metros cuadrados de superficie del centro comercial de Artea, inaugurado en 1998 tras una inversión de 19.000 millones de pesetas. Se trata del mayor centro de la cornisa cantábrica.