La subida de los salarios judiciales le ha costado más de 2.100 millones a las autonomías

Los responsables de Justicia de las siete comunidades autónomas que tienen transferida esta competencia expresaron ayer en Pamplona su 'total disconformidad' con actuaciones unilaterales del Ministerio de Justicia que, como los acuerdos de aumento salarial firmados en noviembre pasado con los sindicatos, 'vulneran competencias autonómicas'. Ese pacto le ha supuesto a las arcas de las siete autonomías un desembolso económico añadido de más de 2.100 millones de pesetas (12,62 millones de euros).

Los consejeros correspondientes de Andalucía, Cataluña, Canarias, la Comunidad Valenciana, Euskadi, Navarra y Galicia exigieron al Gobierno central tener una participación 'directa y activa' en el diseño del Pacto por la Justicia que el PP promueve.

El manifiesto suscrito en la capital navarra recuerda que las citadas siete comunidades representan la mayoría del territorio, la población y los órganos judiciales del Estado, por lo que, además de una 'profundización en el reparto competencial', reivindican la paridad entre los ejecutivos central y autonómicos en el diseño de las políticas judiciales, junto con el Consejo General del Poder Judicial.

Gastos

Según las cifras aportadas en la reunión, el compromiso presupuestario anual de las siete comunidades en materia de justicia sumará 126.000 millones de pesetas en el presente ejercicio, a los que hay que añadir otros 27.000 millones de inversión adicional que la implantación de las leyes de Enjuiciamiento Civil y Penal del Menor les ha supuesto hasta la fecha.

'A fin de mantener dicho compromiso', subraya el manifiesto de los siete consejeros, 'es necesario que las memorias económicas de cualquier modificación legislativa o reglamentaria incluyan el coste que corresponda al territorio de las comunidades y la incorporación del crédito a cargo de los Presupuestos Generales del Estado'.

'El desarrollo en la mejora de la Administración de justicia', señaló el consejero canario, Julio Bonis, 'no puede realizarse de esta perversa forma, a costa de las arcas de las comunidades autónomas, pero sin que podamos participar en su diseño'. Especialmente lesivo ha sido, según la queja de las siete comunidades, el acuerdo del ministerio con las centrales sindicales, que incorporó mejoras retributivas con carácter retroactivo plasmadas en ul real decreto 'sin contar con las comunidades autónomas'.

Por todo ello, afirman que la legitimidad del Pacto de Estado por la Justicia que plantea el PP 'quedaría invalidada' sin la activa intervención de todas ellas y proponen crear de inmediato un grupo de trabajo que planifique el sistema de financiación de la Administración de justicia y convocar la Comisión Técnica de la Conferencia Sectorial con el ministerio.