La Guardia Civil cierra la primera fase de su operación contra el fraude en las ayudas al aceite con 53 detenidos

La Guardia Civil dio ayer por cerrada la primera fase de la operación Oliva, con la que ha desarticulado en los dos últimos años gran parte de las redes de fraude en las ayudas de la Unión Europea al aceite. Estos meses de trabajo se han cerrado con 53 detenciones y han puesto al descubierto más de 2.000 millones de pesetas, según las estimaciones más prudentes, en cobros fraudulentos de subvenciones comunitarias al aceite de oliva. La operación ha destapado cerca de nueve millones de kilos de aceite que sólo existieron sobre el papel.

Rafael Pérez, portavoz de la Guardia Civil en la comunidad autónoma, confía en que la segunda fase de la operación que se inicia ahora, para la que se han dado un plazo de otros dos años, sea aún más fructífera que la primera. 'El número de detenciones y las cantidades defraudadas pueden ser mayores que lo descubierto hasta ahora', comentó al respecto. Los investigadores han acumulado gran cantidad de documentación pendiente de estudio. 'Sólo hay que tirar del hilo para desenrredar toda la madeja', comentaron.

Las actuaciones de la Guardia Civil comenzaron en febrero de 1999, después de que la Agencia para el Aceite de Oliva, del Ministerio de Agricultura, denunciara ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el cobro irregular de subvenciones.

Según las denuncias, desde almazaras de Granada, Jaén, Málaga, Córdoba, Almería y Sevilla se expedían certificados de molturación de aceituna que no se ajustaban a la realidad, habiéndose falseado datos en las solicitudes para las subvenciones de la Unión Europea.

Certificados falsos

En la trama, los oleicultores presentaban certificados de producción falsos. Había parcelas donde no había olivos o los que había eran de muy baja producción. Hay casos en los que se presentaban olivares en zonas pantanosas o en caminos.

Para llevar a cabo el fraude era necesaria la connivencia de los almazareros, que manipulaban sus apuntes contables y fiscales y emitían certificados de entrada de aceitunas que nunca llegaron a sus almazaras. Luego, los agricultores solicitaban la ayuda comunitaria por unos kilos de aceituna inexistentes y acordaban cómo repartir la subvención, que era cobrada a través de sociedades interpuestas creadas para no dejar rastro del fraude.

La Guardia Civil está cerrando las conexiones entre todos los detenidos. Hay tres o cuatro nombres, que serían los cabecillas, que aparecen en varios de los registros. Uno de ellos, E. D. P., natural de Santo Tomé, en Jaén, aparece también implicado en el caso del fraude por el inexistente principado de Sealand.