Las autonomías socialistas aceptan tirar a vertederos provisionales las reses muertas.

Los ministros de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y de Sanidad, Celia Villalobos, se reunieron ayer en Madrid con los consejeros autonómicos de esas dos áreas para analizar el desarrollo de la crisis y discutir las medidas que deben tomarse en los próximos días. Los consejeros respaldaron -según explicó el propio Arias Cañete- apoyar las medidas propuestas por el Gobierno. Villalobos guardó silencio.

Una de las medidas es que sean las salas de despiece, y no los mataderos ni las carnicerías, las que retiren de las reses el espinazo, el material de riesgo recién definido por la UE. Las salas de despiece, según el ministro, evitarán tener que crear 'nuevas infraestructuras' en los mataderos. La retirada de los espinazos empezará a aplicarse en los animales de riesgo y se extenderá progresivamente al resto. La última palabra, en cualquier caso, corresponde al Comité Veterinario Permanente de la UE, que se pronunciará en los próximos días.

El coste de la retirada del espinazo, aclaró el ministro, correrá a cuenta de los ganaderos, al menos durante este semestre. Después podría derivarse a 'una tasa, un impuesto u otro mecanismo', explicó el titular de Agricultura.

Los consejeros, incluidos los socialistas, también apoyaron la autorización 'excepcional y transitoria' de los enterramientos de vacas muertas en vertederos controlados, al menos en las autonomías que carecen de incineradoras por el momento, como Baleares, Canarias y Extremadura.

Los ganaderos pueden elegir desde hace un mes entre someter a sus vacas mayores de 30 meses a un test o vendérselas a la Administración para que las incinere. Hasta ahora muy pocos han solicitado la segunda opción, pero Arias Cañete aseguró que en la próxima licitación, que tendrá lugar el 6 de febrero, habrá muchas ofertas de este tipo.

Arias Cañete anunció la concesión de créditos blandos a los ganaderos para afrontar los costes extra, y tramitados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y tal vez por las Cajas de Ahorros. En cualquier caso, el Gobierno no precisará las condiciones hasta que el comisario de Agricultura, Franz Fischler, presente sus propuestas financieras.

El viernes, el Consejo de Ministros facultará al Ministerio de Agricultura para ejecutar el acuerdo con los fabricantes de harinas animales, por el que les comprará sus stocks para proceder a su incineración.

Por su parte, la dirección del PSOE hará una 'oferta seria de corresponsabilidad' al Gobierno, le dirá que 'no quiere que esta crisis sea un elemento de confrontación política' y le pedirá dinero. 'El Gobierno debe adoptar compromisos financieros', aseguró Jordi Sevilla, responsable de Economía de la dirección socialista y coordinador del equipo de crisis del PSOE para las vacas locas. 'Hacen falta ayudas al sector ganadero y afines similares a las que se ponen en marcha después de catástrofes naturales', añadió Sevilla, para después dejar claro que también hace falta más dinero para las autonomías.

A los socialistas no les gusta el pacto firmado por el Ministerio de Agricultura con las cementeras para la eliminación de harinas animales porque es a las autonomías a quienes les corresponde pagar un canon por ello. 'Es un convenio que firma Agricultura y lo traslada a las autonomías para que lo paguen', se quejó Sevilla.

El partido socialista aboga por un plan, financiado por la Administración central y los fondos de la UE, para que en seis meses haya, al menos, una incineradora y una planta de destrucción de materiales de riesgo por autonomía.