La Xunta denunció a un ganadero por enterrar dos reses días antes de sepultar a 282 en una mina abandonada

La Xunta de Galicia pasó en sólo ocho días de considerar el enterramiento de vacas muertas como un 'acto delictivo' perseguible por el ministerio fiscal a ordenar el depósito de 282 cadáveres de reses en una mina abandonada. El pasado 19 de noviembre, el Gobierno gallego denunció ante el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia a un ganadero que había enterrado dos vacas en su finca de Mesía (A Coruña). Sólo ocho días después, y curiosamente en el mismo municipio, fue la propia Xunta la que sepultó 282 reses en una vieja mina sin avisar siquiera a los vecinos que viven a 200 metros del lugar.

En el mismo juzgado de Ordes (A Coruña), el ejecutivo de Manuel Fraga se encuentra ahora en una desconcertante posición ante dos diligencias judiciales abiertas por enterramientos ilegales de vacas. En uno de los procedimientos, el Gobierno gallego sostiene que la inhumación de reses constituye un delito ecológico tipificado en el Código Penal. En el otro, la Xunta argumenta que no tuvo más remedio que sepultar en Mesía las 282 reses porque se encontraba ante una 'situación de emergencia'.

Al ganadero Xaquín López, presidente de la Federación de Productores de Lácteos (Feplac), se le murieron el 8 de diciembre dos vacas en la granja que tiene en la misma localidad de Mesía. El Gobierno gallego apenas contaba con infraestructura para trasladar los cadáveres al crematorio, por lo que López denunció públicamente que no encontraba quien le retirase las reses. El día 12, optó por desafiar las normas y, ante la vista de las cámaras, enterró él mismo las dos vacas en una de sus fincas.

Una semana después, el 19 de diciembre, la Consejería de Agricultura de la Xunta envió un escrito al fiscal jefe de Galicia, Ramón García-Malvar, junto a los recortes de prensa con la fotografía de los enterramientos en la finca de López, para advertirle de que esos hechos 'podrían suponer la realización de un acto delictivo'. En un documento firmado por el entonces secretario general técnico de la consejería, Bernardo Tahoces -cesó hace tres semanas junto al titular del departamento, Castor Gago-, se alerta a la fiscalía sobre la 'especial importancia' del cumplimiento del Real Decreto que establece la destrucción obligatoria de los materiales de riesgo. Además, la Xunta recuerda que el artículo 325 del Código Penal castiga al que 'provoque o realice directa o indirectamente enterramientos' que atenten contra el medio ambiente.

Ocho días después, la Xunta olvidó súbitamente esa doctrina y, ante la incapacidad para deshacerse de las reses muertas, comenzó a depositarlas en la mina de Mesía.