El Gobierno niega cualquier culpa en la liquidación de la antigua Bolsa de Bilbao

El Gobierno vasco rechazó ayer cualquier responsabilidad sobre la liquidación de la antigua de Bolsa de Bilbao, cuya forma de disolución en 1989 ha sido cuestionada por el Tribunal Supremo. En una sentencia, adelantada ayer por este diario, el Surpremo constata la 'absoluta falta de control administrativo' que hubo en la venta y posterior reparto entre 16 agentes de cambio y bolsa del patrimonio del colegio. El Ministerio de Hacienda, al que el alto tribunal ha informado sobre este caso, todavía no lo ha estudiado, señaló ayer un portavoz oficial.

El fallo del Supremo se produce tras el recurso de casación presentado por los 16 agentes de cambio y bolsa contra la sentencia de la Audiencia de Vizcaya que, en junio de 1995, estimó la reclamación de cuatro agentes jubilados y las viudas de otros cuatro, disconformes con su exclusión en el reparto del patrimonio, cifrado en 1.598 millones de pesetas. El fallo del tribunal señala que 'lo que verdaderamente está en cuestión' no es dicho litigio, sino el 'propio proceso de disolución y liquidación' de la Bolsa, que debió realizarse por el cambio de la legislación para dar paso a una nueva estructura bursátil: de ser un organismo regido por los agentes de cambio y bolsa hasta 1989, pasó a constituir una sociedad de derecho público en la que participan las sociedades y agencias que intervienen en el mercado bursátil.

El Departamento de Hacienda del Gobierno autónomo enfatizó que este caso es 'un litigio entre los agentes de cambio y bolsa' y negó cualquier responsabilidad en el control del proceso de disolución, 'porque no teníamos ninguna competencia en el tutejale'. 'Es al aprobarse la nueva regulación cuando sí tenemos competencia, pero ya con la nueva estructura de la Bolsa' señaló un portavoz de la consejería que dirige la vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia.

Con la disolución, el Gobierno vasco se quedó con el grueso del patrimonio de la Bolsa bilbaína, en concreto la sede, tras abonar 420 millones de pesetas. Pagó otros 90 por los equipos informáticos, mobiliario y demás enseres. Precisamente, el Supremo se sorprende en el fallo de que la enajenación del edificio se hiciera más de mes y medio antes de que la junta general del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa acordara iniciar su liquidación y disolución.

Un portavoz de la Bolsa tampoco quiso realizar comentarios del fallo judicial, 'porque nosotros nacemos después'. 'Por eso se hizo precisamente la ley para cerrar una cosa y abrir otra nueva, que es la que existe hoy día', indicó.

El Supremo ha puesto estos hechos en conocimiento del 'Ministerio de Economía y Hacienda [ahora son dos departamentos desgajados] por si entendiera que el proceso de disolución y liquidación escapó indebidamente a su control', ya que, según argumentaron los demandado, 'de igual forma se procedió' en las antiguas Bolsas de Madrid, Barcelona y Valencia.