Castilla y León carece de medios para eliminar los residuos vacunos

La polémica en torno al cierre temporal de la planta de tratamiento de residuos animales Rebisa, en Cabreros del Río (León), ha revelado el colosal problema que supone eliminar las reses muertas y otros materiales específicos de riesgo (MER) en Castilla y León, donde han aparecido cuatro de los nueve casos confirmados en España de vacas locas. La región más extensa de Europa, la primera productora nacional en vacuno de carne y la segunda en leche, con más de 1,2 millones de cabezas, no dispone de infraestructuras para deshacerse de los restos animales.

La decisión de cerrar la planta tomada por el Ayuntamiento de Cabreros del Río, que sostiene que la instalación atenta contra el medio ambiente y la salud pública, ha puesto muy nerviosos a los gobiernos central y regional. Algunos políticos reconocen que si cierra la planta sería muy difícil cumplir con las normas de la UE, e incluso hablan de un grave problema sanitario para justificar que se debe revocar la decisión del pleno, que preside el alcalde Matías Llorente, independiente dentro de las listas del PSOE.

Para colmo, el municipio segoviano de San Martín y Mudrián (300 habitantes), donde se construye una fábrica que en un principio iba a ir destinada a la elaboración de harinas cárnicas, no quiere ahora ni oír hablar de incineraciones ni priones inertes.

Para la portavoz socialista de Sanidad en las Cortes de Castilla y León, María Teresa Rodrigo, lo que está ocurriendo es fruto de una falta de previsión: 'La entonces ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, miraba para otro lado argumentando que éramos un país exento de la enfermedad'. Rodrigo añade que la Junta de Castilla y León todavía no tienen claro si se van a poder realizar enterramientos de las reses 'porque lo único que hace es seguir las instrucciones que le marcan desde Madrid, cuando hablamos de un problema que exige un control máximo'.

El próximo jueves, los consejeros de Medio Ambiente y Agricultura discutirán con el Gobierno el borrador que ha sido ya enviado a las comunidades autónomas, y que autoriza a tirar a vertederos reses muertas y MER, modificando algunos aspectos del decreto del 22 de diciembre.

El consejero de Agricultura, José Valín, ya advirtió el 11 de enero de que Castilla y León necesitaba poner en marcha tres nuevas plantas incineradoras, además de la de León, para deshacerse de los restos animales, que deberían estar ubicadas en Valladolid, Salamanca y Burgos o Soria.

Las organizaciones de ganaderos advierten de que, si no hay plantas para destruir sus animales, el ganado podría, ilegalmente, comenzar a aparecer muerto por los pueblos. Un responsable de la Guardia Civil admite que muchos ganaderos pueden optar por seguir recurriendo a los cementerios de animales con que cuentan los municipios, algunos de dudosa legalidad por carecer del informe de los servicios de medio ambiente.

Expertos en veterinaria con experiencia en epizootias conocen casos de algunos productores desaprensivos que han dejado abandonados los cadáveres de las reses que pueden resultar sospechosos para salvar el resto de la cabaña, pues, de resultar positivos, tendría que sacrificarla entera. Hace diez días, la Guardia Civil fue avisada de que había un cadáver de vaca en un depósito ubicado en la localidad de Revenga, próxima a Segovia, llevado allí antes de entrar en vigor la nueva reglamentación.