Soluciones integrales para la inmigración
He seguido con atención la correspondencia y artículos de opinión que ha generado la propuesta de la Junta de Andalucía en su día en relación con la asistencia humanitaria que el Ejército podría prestar a los inmigrantes que arriban a nuestras costas en condiciones de absoluta precariedad.
Tengo que manifestar a los andaluces que me he visto sorprendido por una polémica en torno a una medida que no era sino una propuesta más dentro de lo que verdaderamente es significativo: dotarnos de un verdadero plan de acogida a inmigrantes, estable y bien coordinado, del que la misión referida no era sino la antesala provisional, de estricto carácter humanitario (elementos sanitarios y de intendencia) y alejada de cualquier pretensión ideológica.
Deseo, en todo caso, reiterar que lo esencial de la preocupación de la Junta de Andalucía, en cuanto a política migratoria se refiere, se enmarca en tres ejes principales: canalización de flujos legales de inmigración, acogida en condiciones dignas y políticas de integración social de los inmigrantes.
En cuanto a lo primero, competencia del Gobierno central, constatamos la necesidad de combatir la inmigración ilegal mediante mecanismos que posibiliten realmente la canalización de flujos legales desde los países de origen. Es un problema de ordenación del fenómeno y de gestión del mismo, y aunque es una competencia del Gobierno, mostramos nuestra actitud cooperativa.
La acogida y atención al inmigrante constituye otra de nuestras prioridades y estamos trabajando con la Administración central en un programa de acogida que garantice un trato humanitario a los que arriban a nuestras costas, desde su llegada hasta su posterior integración en la sociedad o su eventual devolución.
En cuanto al desarrollo de una política integral de inmigración, puedo significar que no sólo constituye una esencial preocupación sino un trabajo sostenido que viene rindiendo frutos en las diferentes áreas de actuación. A modo de ejemplo indicaré que en el año 2000 la Junta ha desarrollado 54.000 asistencias sanitarias a inmigrantes con un coste de 1.100 millones de pesetas. Asimismo, la atención educativa con alumnos hijos de inmigrantes supone una escolarización de 11.226 jóvenes y un coste aproximado de 3.300 millones de pesetas.
A todo ello hay que añadirle los más de 1.000 millones de pesetas invertidos en programas de integración social de inmigrantes, o la reciente aprobación de un decreto para alojamientos, que podrá paliar la difícil situación que en esta materia vienen atravesando los inmigrantes.
Con toda modestia debo significar que Andalucía es la comunidad que más gasta en políticas de inmigración, siendo así que somos la tercera en número de inmigrantes.
Por último, puedo asegurar que no ahorraremos esfuerzos en crear un clima de cooperación entre las administraciones como mejor escenario para abordar el fenómeno de la inmigración, a la vez que continuaremos desarrollando nuestras políticas asistenciales en el marco de un tratamiento integral del fenómeno de la inmigración.
Alfonso Perales Pizarro es consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía.
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