La Xunta incumple las leyes españolas y europeas al arrojar vacas muertas a una mina

La Xunta sólo admitió haber arrojado las vacas muertas a la mina de Mesía después de que los vecinos descubrieran el hecho en los últimos días de diciembre y se concentraran en el pueblo para impedir nuevas entregas de ese material. En una nota emitida en la noche del 31 de diciembre, la administración gallega aseguraba que 'el enterramiento de varios animales [...] se ha realizado en estricto cumplimiento de la legalidad vigente'.

La misma nota afirmaba que la mina 'reúne las condiciones que establece la directiva comunitaria para la eliminación de los animales, ya que se trata de un recinto impermeabilizado y se está aplicando la correspondiente inertización con cal, por lo que no comporta riesgos'. Y también: 'La actual normativa establece la obligatoriedad de la recogida de animales fallecidos en explotación y su eliminación a través de la incineración o su ubicación en vertederos controlados'.

Pero el Real Decreto 1911/2000, que desarrolla la norma europea 2000/418/CE del 29 de junio (ambos textos están dedicados en exclusiva a la eliminación de residuos de rumiantes) establece que los 'cadáveres de los bovinos de más de 12 meses' deben considerarse como materiales especificados de riesgo (MER), es decir, tratados a todos los efectos como el encéfalo, los ojos, la médula y las amígdalas de las reses de más de un año, los tejidos que deben retirarse y eliminarse para evitar la propagación del prion (el agente transmisor del mal de las vacas locas).

Método de destrucción

El decreto deja meridianamente claro que la destrucción de los MER (término que siempre incluye a los animales muertos en una explotación) sólo puede realizarse por incineración o por inhumación en un vertedero autorizado después de haber inactivado los priones mediante un tratamiento homologado (133 grados, 3 bares de presión, 20 minutos).

La cal viva empleada por la Xunta no se menciona en el decreto como método de inactivación. El director del Laboratorio Nacional de Referencia sobre las vacas locas, Juan Badiola, no conoce ninguna evidencia científica de que la cal viva inactive el prion.

El propio ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, expresó públicamente el mes pasado que 'los animales muertos en explotación ganadera es obligatorio que sigan el mismo destino que los materiales específicos de riesgo, es decir, que sean tratados en instalaciones ad hoc y sometidos a condiciones de temperatura y presión que inactiven el prion', aunque añadió que esta normativa sería obligatoria para el vacuno desde el 1 de enero, y no desde el pasado 25 de noviembre, fecha de entrada en vigor del antedicho decreto, que ya establecía esas obligaciones.

Fuentes del Ministerio de Agricultura explican que, desde el 1 de enero, la obligación de tratar a las reses muertas en explotación como residuos MER se complementa con el requerimiento de analizar, antes de su destrucción, muestras de cerebro de esas reses con con tests rápidos (prionics) para comprobar si padecían la enfermedad de las vacas locas. Badiola y otros expertos consideran que estas pruebas son muy importantes para determinar el número real de casos en España. La no detección de síntomas no es un criterio fiable: algunas vacas mueren de encefalopatía sin revelar síntomas.

Más cadáveres

Las contradiciones de la Xunta gallega prosiguieron con otro comunicado emitido anteayer, en el que anunciaba trabajos de acondicionamiento para que el 'vertedero pueda seguir recibiendo provisionalmente los animales adultos de la especie bovina que fallezcan de muerte natural en las explotaciones gallegas'. Anoche en otro comunicado insistieron en que la mina seguiría siendo utilizada.

La ley permite utilizar almacenes intermedios para los MER que esperen incineración, pero deben estar situados bajo cubierto y contar con numerosas condiciones de seguridad y control. La mina de Mesía no cumple ninguna de esas condiciones.

Fuentes de la Comisión Europea añaden que un bovino muerto siempre debe ser considerado un elemento de riesgo si no ha sido despojado de los intestinos, ojos, cerebro, o médula espinal y, por lo tanto, debe ser incinerado. Bruselas recuerda que esta medida es de aplicación obligatoria en la UE desde el pasado 1 de octubre y que los Estados miembros son los responsables de velar por su aplicación, informa Sandro Pozzi.

PSOE, IU y BNG criticaron ayer con fuerza la actuación de la Xunta. El portavoz socialista, Jesús Caldera, la calificó de 'ilegal' e instó a los ministros de Agricultura y Sanidad a que 'comparezcan inmediatamente ante los españoles'. El diputado autonómico del BNG Emilio López aseveró que la Xunta 'está enterrando al sector ganadero gallego' y acusó a la Administración gallega de estar 'en paradero desconocido'.