Los consumidores y los ganaderos rechazan la tasa de las 'vacas locas'

La posible implantación de una tasa para financiar la destrucción de las partes de las reses más peligrosas para el consumo, esbozada el viernes pasado por el ministro de Agricultura dentro de las actuaciones contra las vacas locas, cuenta con el rechazo de los consumidores y los ganaderos: temen que repercuta sobre sus bolsillos. El Ministerio de Hacienda no ha decidido aún quién sería el destinatario del gravamen.

El plan aprobado por el Gobierno excluía los 3.500 millones de pesetas anunciados para ayudar a eliminar los llamados materiales específicos de riesgo (MER), las partes de las reses más peligrosas para el consumo humano (el cerebro, la médula, los ojos, el bazo y los intestinos).Aunque Hacienda, el ministerio responsable de los gravámenes, aún está lejos de tomar una decisión definitiva -según señaló ayer un portavoz-, los ganaderos han puesto el grito en el cielo ante la posibilidad de que recaiga sobre ellos. "Dada la pésima situación que atraviesan, es imposible que paguen la tasa. Esta crisis le está costando al sector 10.000 millones de pesetas mensuales", asegura el gerente de la Asociación Nacional de Productores de Carne de Vacuno, Manuel Conde. Sugiere que el coste de la eliminación de los despojos lo asuma la Administración pública. "Es un problema de Estado, porque entraña riesgo para la salud pública", esgrime.

El presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, considera que, de imponerse la tasa, ésta no debería recaer sobre los productores. "Desde antes de la crisis ya pagamos entre 2.000 y 3.500 pesetas por cada res que va al matadero, para que se eliminen los despojos", asegura. Desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Fernando Moraleda apuesta por que el tesoro público financie la destrucción de los residuos. "Sería infumable que recayera sobre los ganaderos. Creo que la tasa iría más bien dirigida al consumidor", apunta.

Esa posibilidad encrespa al portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), José María Múgica. "Si el gravamen recayera en los consumidores, se haría pagar a quien menos culpa tiene", apunta. Sospecha que el anuncio de la medida puede ser "un globo sonda". La misma impresión tiene la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI). "La tasa no es la figura jurídica adecuada y además repercutiría en el consumidor", añade un portavoz.

En la Unión de Consumidores de España (UCE) advierten: "La tasa influiría en el precio de la carne, y el consumidor, además de sufrir el problema, tendría que pagar el arreglo". En Francia, la tasa recae sobre las empresas de distribución. En Alemania la afrontan los ganaderos.