Cataluña aprueba el 'testamento vital' para los casos de enfermedad terminal

El Parlamento de Cataluña aprobó ayer, con el apoyo de todos los grupos, el proyecto de ley sobre el documento de voluntades anticipadas, más conocido como testamento vital. Mediante este documento, consignado ante notario o con la presencia de tres testigos, cualquier persona podrá determinar anticipadamente las actuaciones médicas de las que no quiere ser objeto en el caso de sufrir una enfermedad terminal. Los impulsores de esta ley la consideran un primer paso para la despenalización de la eutanasia, una interpretación que fue tajantemente negada por el PP.

La decisión del médico

El texto aprobado ayer, primero de este tipo en España, define el testamento vital como un documento en el que "una persona mayor de edad, con capacidad suficiente y de manera libre, expresa las instrucciones que deben ser tenidas en cuenta cuando se encuentre en una situación en que las circunstancias que concurran no le permitan expresar personalmente su voluntad". Para ser tenido en cuenta, el documento tiene que ser formalizado ante notario o delante de tres testigos mayores de edad, con el requisito de que por lo menos dos no tengan relación de parentesco directo ni intereses patrimoniales con la persona firmante.Las personas que redacten su testamento vital podrán especificar si quieren o no ser sometidos a determinados tratamientos y si quieren ser mantenidos en vida por medios artificiales. Sin embargo, el documento de voluntades anticipadas no podrá contener instrucciones para acelerar la muerte ni abrir la puerta al suicido asistido. Es por ello que, mientras que los partidos de izquierdas y las asociaciones impulsoras de la nueva ley creen que el texto es un primer paso para la despenalización de la eutanasia, el Partido Popular advierte de que la normativa no se refiere en ningún momento a este supuesto.

Uno de los impulsores del proyecto de ley, el diputado de Esquerra Republicana (ERC) Joan Ridao, aseguró ayer que "la eutanasia pasiva es una práctica aceptada por el colectivo médico incluida en el código deontológico que los médicos catalanes aprobaron en 1997". Pero el secretario del Colegio de Médicos de Barcelona, Josep Padrós, niega que el proyecto de ley despenalice la eutanasia: "Es cierto que el texto habla de las voluntades anticipadas, pero esto no tiene nada que ver con la eutanasia".

La importancia del documento recae, según Padrós, en que facilitará mucho la práctica médica. "Tenemos que abandonar el modelo de relación paternalista entre el médico y el paciente. Ahora ambos podrán decidir conjuntamente sobre la aplicación o no de un tratamiento". El secretario del Colegio de Médicos de Barcelona considera que si un paciente ha redactado su testamento vital, el médico "lo tendrá más fácil" para decidir si inicia un tratamiento que considere poco efectivo para un enfermo terminal.De la misma opinión es el presidente de la Organización Médica Colegial, Ignacio Sánchez Nicolay. La ley "debería de haber existido hace tiempo" porque "es positivo" el hecho de que una persona pueda delegar sus voluntades a sus más allegados para el caso de que pierda la consciencia. Aunque no estuvieran reguladas, este tipo de actuaciones "ya se venían realizando en la actualidad", añadió.

El presidente de la asociación para el Derecho a Morir Dignamente, el filósofo Salvador Pániker, calificó la ley de "muy positiva" y también la desvinculó de la eutanasia, una actitud subrayada por la Asociación de Médicos Cristianos, hasta el punto de que el presidente de esta asociación, Josep Maria Simón, tildó de "manipuladores" a quienes consideran que sí hay una relación entre la eutanasia y el testamento vital. Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Mario Mingo, reiteró la postura contraria de su partido a la eutanasia. Según Mingo, cuando una persona solicita que le anticipen el fallecimiento, está influida por una situación de depresión.

El Servicio Catalán de la Salud (SCS) anunció ayer mismo que incluirá en sus contratos con los proveedores mecanismos para regular el cumplimiento de las disposiciones sobre la custodia, la conservación y el acceso al historial clínico previstos en esta nueva ley, que regula también los derechos de información del paciente, además del documento de voluntades anticipadas. La Consejería de Sanidad iniciará un plan de sensibilización para implicar a todos los profesionales sanitarios e impulsar medidas para fomentar los derechos de los pacientes. La Administración también realizará un programa para evaluar el cumplimiento de la ley en todos los ámbitos de la atención sanitaria, una cuestión que se aplicará en los nuevos modelos de acreditación de los centros médicos y en los convenios de las empresas proveedoras.