Las cavernas de los explotados

Una cueva excavada en piedra, en la ladera de la montaña de Sagunto (Valencia), es el lugar donde Vitold, un polaco de 40 años, malvive desde hace dos meses, el tiempo que lleva trabajando en la recogida de la naranja en la comarca del Camp de Morvedre. Una treintena de inmigrantes en situación irregular -en su mayoría de Europa oriental sin apenas nociones de castellano- se reparten en la decena larga de cavidades y recovecos que ofrece la ladera sobre la que se asienta el castillo de Sagunto, a un cuarto de hora de ascenso de la periferia del pueblo. Conservas vacías, envases de todo tipo y excrementos entremezclados con las cenizas que sirvieron para calentar la última comida alfombran la entrada de las grutas donde se refugian. Almacenes abandonados, alquerías vacías o casetas de aperos de labranza les sirven también de cobijo."A nosotros por lo menos nos dejaban cuadras". Vicente García, representante de la sección del campo de la federación Agroalimentaria de CC OO en la comarca, no puede evitar hablar de su primera vendimia, cuando acudió con sus padres a Béziers (Francia), allá por 1958, con 14 años recién cumplidos, y comparar su situación con la de los trabajadores que acuden a la campaña de la naranja, entre octubre y febrero.

Cientos de inmigrantes irregulares trabajan en la recogida de la naranja a precio de saldo, explotados por mafias, en su mayoría controladas por sus paisanos. Cobran cinco veces menos de lo que les correspondería, poco más de 10.000 pesetas a la semana, y en su jornada, de sol a sol, sólo se les permite una comida. De Almería a Lleida, recorren los campos en un empeño por sobrevivir, amenazados por chantajes que les obligan al silencio. Cooperativas y propietarios miran hacia otro lado. Las fuerzas de seguridad actúan sólo cuando la evidencia es tan ineludible como una denuncia. Un paso que a muchos les puede costar la vida.

Mohamed Al Sadi, conocido como Sidi, es uno de los jornaleros sin papeles acorralado por las mafias. Nació hace 24 años en una aldea cercana a Fez. Es el cuarto de nueve hermanos. Llegó a España hace dos años y desde entonces se ha dejado las manos entre las huertas de Almería, Murcia, Valencia, Castellón y Lleida. Todas sus posesiones caben en una mochila. Habla lo justo de español y, más que fumar, se come los pitillos. Perdió un dedo de la mano de derecha por reclamar su salario al compatriota para el que trabajaba. "Fue el año pasado, en Moncofa (Castellón). No cobré en tres semanas y él no me daba razones. Ya no tenía dinero y robaba comida donde podía. Una noche fui a buscarle a un bar. Me dijo que me daría el dinero a la mañana siguiente. De madrugada, apareció en la caseta donde dormía con otros dos. Me dieron una paliza, me cortaron un dedo y me dijeron que moriría si iba a la policía. Y no fui". Desde entonces se busca la vida en las huertas de Valencia e intenta pedir trabajo directamente a los propietarios. La situación de Sidi es parecida a la que sufren otros muchos inmigrantes explotados.

El pasado día 11, el Cuerpo Nacional de Policía detenía a nueve personas en Puçol (Valencia) como cabecillas de una red de explotación laboral de inmigrantes. Más de un millar de extranjeros, casi todos de origen ecuatoriano, pasaron por sus manos a través de una ONG de ayuda a la infancia como tapadera. A cambio de una cuota de 40.000 pesetas mensuales, les ofrecían trabajo en condiciones de absoluta explotación.

Dos días más tarde, la Guardia Civil de Torreblanca (Castellón) detuvo a un marroquí tras la denuncia presentada por otro al que no pagaba el jornal. Su explicación, por segunda vez en un mes, fue que le habían robado el dinero de las nóminas. A su cargo tiene a una decena de compatriotas que trabajan en campos gestionados por una cooperativa de Nules. Sus movimientos bancarios reflejan ingresos semanales de 400.000 a 600.000 pesetas. En cambio, los jornaleros que de él dependen, cuya paga semanal oscilaría en condiciones normales, entre las 50.000 y 65.000 pesetas trabajando a destajo de lunes a domingo, cobran entre 10.000 y 20.000. Está en libertad a espera de juicio.

Según fuentes policiales y sindicales, el funcionamiento de las mafias se ampara en la "ceguera" de los empresarios del sector. Cada vez hay más distancia entre el propietario de los campos y las cuadrillas. Los naranjeros contratan los servicios de capataces que son los responsables de contactar con los collidors (recolectores). De cuánto cobran y en qué condiciones trabajan, nada quieren saber.

Hassan, de 21 años, argelino, se recupera aún de una paliza en la que le saltaron tres dientes, le rajaron la cara y le machacaron los pies. Se conoce las comarcas naranjeras de Valencia desde hace tres años. Inició esta campaña trabajando para otro argelino muy conocido en el mercado de los collidors ilegales en unos campos en la comarca de La Ribera. El trato parecía claro. Por siete días, 50.000 pesetas. De ellas, 5.000 para el capataz por buscarle ocupación; 7.000 por la comida y 3.000 por un catre en un almacén abandonado. Total a la semana: 35.000 pesetas. "No estaba mal. No tenía otra cosa", dice Hassan. Tres semanas después, no había visto una peseta y reclamó su dinero. El capataz, también sin papeles, le acusó ante los compañeros de ladrón y le echó. Los otros, unos doce, que tampoco habían cobrado, callaron. Hassan intentó que otros capataces contaran con él. No pudo ser. Advirtió de que iría a ver a los responsables de la cooperativa y a la policía. Esa misma noche recibió palos por todo su cuerpo. Ahora, se esconde por la huerta, duerme en chamizos deshabitados y busca la revancha.

Se calcula que entre el 60% y el 80% de los jornaleros de la naranja son inmigrantes irregulares de origen magrebí, lituano, ruso o ecuatoriano, fundamentalmente. De ellos, alrededor de un 10% está en manos de mafias que les obligan a trabajar por un salario de miseria bajo amenazas. Y cada vez son más jóvenes. Sergei, de Sarátov (Rusia), es uno de ellos. Con 20 años, reponía fuerzas ayer en el comedor social de Sagunto. "Aún los hay menores", decía la responsable del local.