El PP acusa al fiscal Anticorrupción de arbitrariedad

El Gobierno rechazó hace un año la existencia de irregularidades en las subvenciones del lino. La entonces ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, tan sólo admitió que existía "un problema de estética" en el cobro de subvenciones por empresas en las que participaban algunos de sus altos cargos. Lo demás, señaló De Palacio, era "un montaje electoral del PSOE". El PP acusó ayer a la Fiscalía Anticorrupción de "clara y manifiesta arbitrariedad" y de conculcar derechos fundamentales al poner "a ojos de los españoles a todos los agricultores que cultivaron lino como presuntos delincuentes".

Anticorrupción sostiene que ha existido un "fraude generalizado en las ayudas al cultivo del lino" tras investigar la actividad de una empresa transformadora, Colino, propiedad de Gonzalo Ruiz Paz, ex director financiero de la empresa pública Mercasa. Esta empresa, según las investigaciones de la Fiscalía, certificó la transformación de unas cantidades de lino que, en realidad, no pudo tratar a juzgar por el número de trabajadores que componían su plantilla, la maquinaria empleada y la energía consumida durante todo el proceso. Salvo que los días tuvieran más de 24 horas o que un empleado pudiera controlar una máquina que al menos necesitaba tres operarios para funcionar en buenas condiciones, según señala la Fiscalía.Ruiz Paz dimitió a raíz de que se conocieran algunos detalles sobre su actividad como propietario de una empresa transformadora de varilla de lino. A la empresa de Ruiz Paz llevaron su producción para la transformación otros dos altos cargos del PP: Carlos Moro, entonces delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha y uno de los principales cultivadores de lino en Cuenca, y Nicolás López de Coca, presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, que dimitió tras destaparse el escándalo. La esposa del director general de Ganadería, Quintiliano Pérez Bonilla, también cobró 25 millones de pesetas por cultivar lino.

Moro, uno de los principales cultivadores de lino en Cuenca en aquella época, trabaja ahora como asesor de la dirección nacional del PP y, según declaró ayer a este periódico, ahora dedica sus fincas al cultivo de la cebada.

El diputado del Grupo Popular Jaime Ignacio del Burgo, que defendió cuando estalló el escándalo la inocencia de los cultivadores del lino, acusó ayer a la Fiscalía Anticorrupción de "clara y manifiesta arbitrariedad", y de conculcar derechos fundamentales al poner "a ojos de los españoles a todos los agricultores que cultivaron lino como presuntos delincuentes". "Me siento sorprendido y abochornado por la nota del fiscal al decir que hay un fraude generalizado. Si durante dos años la fiscalía dice haber estado investigando y sus conclusiones son las que figuran en la nota hecha pública, verdaderamente habría que suspenderle el sueldo, porque eso es un fraude a los contribuyentes españoles, que no pagan sus impuestos para que se produzca un resultado tan lamentable", remachó Del Burgo.

Tras conocer el informe de Anticorrupción, los socialistas pidieron al presidente del Gobierno, José María Aznar, "que explique su actuación irresponsable" cuando fueron denunciadas en la primavera de 1999 las irregularidades en el cobro de subvenciones por cultivo de lino. En la campaña electoral de los comicios europeos, el caso del lino se convirtió en uno de los ejes del debate, ya que De Palacio encabezaba la lista del PP y había sido hasta poco antes la ministra de Agricultura. Ahora es vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Transportes.

El ministro de Agricultura y Pesca, Miguel Arias Cañete, declaró ayer en Bruselas que el Gobierno español se hará responsable de los reembolsos que haya que hacer al presupuesto de la UE por el fraude detectado en la utilización de fondos comunitarios para el cultivo del lino, informa Sergio Pozzi.