El Estado y la UE pagarán entre 66.554 y 127.402 pesetas por cada res adulta retirada del mercado

Ninguna vaca mayor de 30 meses que no haya superado la prueba de la encelopatía espongiforme bovina (EBB) podrá entrar en la cadena alimenticia a partir del 1 de enero. Esas reses desechadas las comprará el Estado a través de fondos comunitarios (70%) y fondos propios (30%). El llamado Comité de Gestión del Ganado Vacuno fijó ayer en Bruselas los precios por cada res en cada país. Los estipulados para España, que figuran entre los más bajos, son de 127.402 pesetas por ternera y de 66.554 por vaca. Dicho comité decidió, además, dejar fuera de la obligación de eliminar a las vacas adultas a Finlandia, Austria y Suecia, siempre que sus reses no sean exportadas.Las cifras, en términos absolutos, se mantienen dentro de los parámetros adelantados hace dos semanas por el comisario de Agricultura de la UE, Franz Fischler, que calculó que por cada 100.000 toneladas de vacuno habrá que pagar unos 140 millones de euros. Esto arroja un total anual de 145.600 millones de pesetas si se destruyen 600.000 toneladas el próximo ejercicio. Los expertos comunitarios reunidos ayer dejaron para el viernes el cálculo sobre cuánto ganado debe ser comprado y destruido.

Este comité, cuyas decisiones tiene ahora que ratificar formalmente la Comisión Europea, mostró ayer su preocupación por garantizar que las reses desechadas no terminen en la cadena alimenticia humana, en la de los animales o en productos médicos. Para evitar fraudes ha decidido imponer la obligación de que las carcasas sean marcadas y almacenadas separadamente. Advierte también que la Comisión se encargará de verificar que el sistema de destrucción de los bovinos desechados se está aplicando de forma correcta por parte de los países miembros.

Sólo tres países de la Unión Europea, Finlandia, Austria y Suecia, los tres libres de momento de la enfermedad, quedan fuera de la obligación de destruir las vacas adultas no testadas o que no han superado la prueba de la EBB o mal de las vacas locas. Esta excepción ya la habían previsto los ministros de Agricultura reunidos del pasado día 4 de diciembre.

El comité subraya que tal excepción sólo será aplicable al ganado destinado al consumo interno de dichos países e insiste en que, la carne destinada a la exportación deberá ser analizada.

Cada país miembro de la UE tendrá que costear, al 100%, el almacenaje y destrucción de las vacas. Este apartado no ha sido cuantificado por la Unión Europea, que prevé que la factura total de esta crisis se eleve el próximo año en no menos de 900.000 millones de pesetas.

Cada prueba de la EBB cuesta 30 euros (unas 5.000 pesetas) y los fondos comunitarios correrán con el 50% del coste. En la UE se sacrifican cada año entre siete y ocho millones de vacas adultas. Todas ellas deberán ser analizadas obligatoriamente a partir del 1 de julio próximo, pero Alemania ha empezado ya los análisis sistemáticos y otros países, incluida España, se plantean también un adelanto. La UE ya ha abierto una línea financiera de 10.000 millones de pesetas sólo para pagar esta parte de la factura. Queda por definir con claridad cómo actuar en el terreno agrícola para afrontar las consecuencias de la otra gran decisión tomada en Bruselas: la prohibición de las harinas cárnicas para consumo de todas las especies de animales de granja.

A corto plazo, la Unión Europea deberá aumentar las importaciones de harinas vegetales hechas a base de soja o de girasol y las oleaginosas (legumbres, entre otras) para alimentar a su ganado. A largo plazo, la política europea deberá ser capaz de fomentar el cultivo propio.