Involución autonómica

La Ley General de Estabilidad Presupuestaria que prepara el Gobierno puede ser interpretada como un retroceso político en el modelo de autonomía presupuestaria con el que funcionaban las comunidades autónomas. Puesto que la ley impone a los gobiernos autónomos la obligación de presupuestar sin déficit -obligación que no existe en la actualidad-, estamos ante un recorte de competencias de los parlamentos de cada comunidad impuesto por el Gobierno central. El Ministerio de Hacienda opta por la vía paternalista de creerse primero un dogma -el del déficit cero como criterio universal de la política fiscal española- e imponerlo después a las comunidades autónomas, estén o no de acuerdo con él. Porque, si bien la pertenencia a la unión monetaria exige que España cumpla determinados requisitos de estabilidad en el balance de las cuentas públicas, en ningún caso tales exigencias imponen el déficit cero como imperativo categórico de forma inmediata y universal.El Consejo de Política Fiscal y Financiera, la institución que debe entender de estos asuntos, se reunió el miércoles pasado para recibir el dictado del Gobierno: déficit cero, sea cual sea la situación presupuestaria de cada autonomía -no se pueden comparar comunidades con fuerte déficit como Cataluña y Galicia con otras de cuentas saneadas como Castilla-La Mancha- y régimen de sanciones para los gobiernos que no cumplan. No es ésta la primera vez que el Gobierno del PP degrada el funcionamiento democrático de las instituciones. Pero, aunque no sea una novedad, hay que recordar al Ministerio de Hacienda que instituciones como el consejo citado tienen su justificación en el debate abierto y entre iguales de las cuestiones que afectan a otras legitimidades distintas de las del Gobierno central. Pero lo que menos se entiende de todo es que se trate de imponer la obligación de presupuestar sin déficit para siempre jamás antes de discutir cómo será la financiación de las autonomías. Es un despropósito más en este cuadro clínico de desorden y arbitrariedad en el que parece postrada la financiación autonómica.

El Gobierno está haciendo de la política presupuestaria un fundamentalismo fiscal innecesario y peligroso. La aritmética del déficit cero impone una lógica de contables frente a los criterios de gestión política del gasto que reclaman los ciudadanos y exige el déficit de infraestructuras que presenta España respecto a la Europa de su entorno. En resumen, es una política económica involutiva.