El ovillo de Unió

La sospecha de que una parte de los fondos europeos destinados a la formación de parados que administra la Generalitat de Cataluña se ha desviado para atender la financiación de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) ha cobrado un mayor fundamento tras las últimas informaciones sobre el llamado caso Pallerols. La documentación que investiga el juez apunta cada vez con más nitidez el clásico triángulo que se da en este tipo de estrategias anómalas. Un particular obtiene subvenciones de la Administración a cambio de dar una parte del dinero al partido que se las facilita. En este caso, la acusación se dirige directamente al secretario de organización de UDC y diputado en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, por su presunta mediación en la concesión de subvenciones del Departamento de Trabajo -gestionado por Unió durante los últimos 20 años- a favor del empresario andorrano Fidel Pallerols. Se trata de uno de los mayores beneficiarios de este tipo de subvenciones al haber obtenido unos 1.500 millones de pesetas de Trabajo en los últimos años para realizar cursos para desempleados en sus academias. El triángulo se cerraba, por otro lado, con el envío de 126 millones de pesetas por parte de Pallerols a varios militantes de Unió, según la documentación del sumario.

La aparición de una carta de Pallerols en la que apremiaba al diputado Sánchez Llibre para que activara las subvenciones y así poder atender a las necesidades de tesorería de Unió puede significar -una vez depurada por el juez- un salto cualitativo en la gravedad de las acusaciones.

Ya no se trataría solamente del conocido caso de clientelismo que permite a los militantes de Unió Democràtica gestionar el 10% de los centros de formación de parados que obtienen subvenciones de Trabajo, lo que significa una probabilidad 30 veces mayor de obtener este tipo de recursos públicos que el resto de ciudadanos. La cuestión que ahora está en tela de juicio es el uso indebido de fondos públicos para la financiación irregular de Unió mediante la intervención de un alto dirigente del partido. La fiscalía de Cataluña acaba de apuntar que lo más probable es que el asunto de los fondos de formación de parados que ahora está siendo investigado por un juzgado ordinario acabe en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o en el Tribunal Supremo por aparecer relacionados altos cargos del partido, jurídicamente aforados.

Las nuevas informaciones van tirando del ovillo que encierra el complejo esquema de flujos de dinero público hacia los centros de enseñanza gestionados por militantes democristianos y hacia las arcas de UDC, el socio de Convergència en el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. A medida que han ido apareciendo datos comprometedores, algunos responsables se han visto obligados a presentar la dimisión, como el ex consejero de Trabajo Ignasi Farreres, quien tuvo que dejar la presidencia de Unió, o la ex subdirectora de Empleo Dolors Llorens, recientemenete dimitida del Comité de Gobierno de Unió.

Pero hasta el momento, ni el Gobierno de Jordi Pujol ni el partido que dirige Josep Antoni Durán Lleida han asumido seriamente las responsabilidades políticas que se derivan del caso. Se han opuesto a la creación de una comisión de investigación en el Parlamento y su indiscutible derecho a la presunción de inocencia ha constituido su exclusiva estrategia de defensa. Este nuevo escenario en que se encuentra el caso Pallerols, con las acrecentadas sospechas sobre la financiación anómala de Unió en el centro del debate, ha llevado a la oposición a redoblar la exigencia de rendición de cuentas al propio Jordi Pujol como máximo responsable del Ejecutivo que ha permitido estas irregularidades. Los ciudadanos tienen derecho a conocer de primera mano lo ocurrido.