Clientelismo

La dimisión de Ignasi Farreres como presidente de Unió Democràtica de Catalunya, por las irregularidades cometidas en el Departamento de Trabajo de la Generalitat en el reparto de los fondos de la Unión Europea para la formación de parados, pone de relieve que el llamado caso Pallerols tiene mucho más calado que el de un asunto limitado a un desaprensivo empresario. Farreres, que fue consejero de Trabajo durante 11 años, hasta noviembre de 1999, renuncia a la presidencia del partido una vez que se han aireado serios indicios de que algunos de sus militantes se han beneficiado de los fondos comunitarios.La aparición de más de un centenar de centros de enseñanza gestionados por militantes de Unió -casi el 10% de los existentes en Cataluña- como receptores de estas ayudas significa que los afiliados a este partido tenían 30 veces más posibilidades de obtener subvenciones públicas que el resto de los ciudadanos, un evidente indicador de clientelismo que alimenta la sospecha de que esos recursos pueden haber constituido un difuso sistema de financiación del partido.

El gesto de Farreres, aunque tardío, supone un paso en la asunción de responsabilidades por parte de Unió, partido que, junto con Convergència, gobierna Cataluña. Pero el Ejecutivo de Jordi Pujol, administrador de esas subvenciones -más de 20.000 millones de pesetas anuales-, no ha dado todavía ninguna explicación convincente sobre lo ocurrido ni ha rendido cuentas sobre un asunto tan sensible como es el desvío y mal uso de dinero público previsto para la formación profesional de los más necesitados. Con independencia de los resultados de la investigación judicial, cuya lentitud neutraliza muchas veces sus resultados, el Gobierno de Pujol no puede limitarse a admitir que el asunto ha sido "una mancha para Cataluña" o a suscribir la resolución parlamentaria propuesta por el PP en la que "constata y lamenta las irregularidades detectadas".

La rendición de cuentas por parte del Gobierno de la Generalitat tiene la máxima vigencia en la medida en que Bruselas mantiene indisponibles todavía 6.000 millones de pesetas de estos fondos correspondientes a los últimos ejercicios y el Instituto Nacional de Empleo (Inem), dependiente del Ministerio de Trabajo, bloquea otros 3.500 millones de pesetas del Plan de Formación e Inserción Profesional. A la vista de estos hechos, no parece del todo apropiado seguir hablando del caso Pallerols, sino de la presunta desviación de los fondos de formación o del uso clientelar de las subvenciones por parte del Gobierno de Pujol.

La incapacidad para reconocer y corregir a tiempo estas irregularidades, negadas sistemáticamente hasta que Bruselas ha tomado cartas en el asunto, es un claro indicador del agotamiento del Ejecutivo catalán y de su falta de cintura para enderezar el rumbo ante las adversidades. Es un Gobierno sin margen de maniobra, sometido al toma y daca del PP, que un día lo salva de la reprobación parlamentaria, pero al siguiente le bloquea los fondos del Inem. Un Gobierno que ve también cómo sus tropiezos se amplifican por la pugna entre sus socios por la herencia de Pujol. Con la confusión añadida de que el examen de la actuación del Departamento de Trabajo -gestionado tradicionalmente por Unió, cuyo líder es Josep Antoni Duran, uno de los aspirantes a encabezar CiU- lo ha realizado la Intervención de la Generalitat, dependiente del Departamento de Economía, que dirige otro candidato a la sucesión, el consejero Artur Mas.

El suspenso que representa para el Gobierno de Pujol la deficiente administración de estos recursos sitúa al presidente catalán en una posición muy precaria con vistas a la nueva negociación sobre la financiación autonómica y explica la falta de convicción en sus demandas de infraestructuras estratégicas para Cataluña, cuya bandera ha pasado a manos de otras instituciones.