Contra el 'pata negra'

Rompiendo los moldes habituales, la Comisión Europea se ha querellado ante un tribunal de Nueva York contra dos gigantes del tabaco -Philip Morris y JR Reynolds-, alegando no sólo que están "implicados" en redes de contrabando de cigarrillos a Europa, sino que conspiraron para organizarlas, provocando un cuantioso perjuicio fiscal para los Quince y para el propio presupuesto de la UE. Pese a los detalles contenidos en el texto, de 188 páginas, fruto de dos años de investigación, presentado por el Ejecutivo comunitario, las empresas afectadas rechazan estas acusaciones.Es la primera acción judicial que emprende la Comisión Europea contra unas empresas fuera de Europa. No lo tendrá fácil, pues los tribunales estadounidenses podrían considerar que no están para juzgar el destino de las exportaciones de tabaco desde EE UU. Sin embargo, la justicia estadounidense sí podría entrar más facilmente en el caso si la Comisión aporta pruebas de que en 1992, en una reunión secreta, estas tabacaleras conspiraron para organizar las redes de contrabando e influir de forma ilegal en el precio de las cajetillas en Europa, y que en otra reunión en 1998, ante la presión europea, decidieron destruir documentos que recogían las listas de los eufemísticamente llamados "clientes libres de impuestos", o si se demuestra que con estas prácticas facilitaron el blanqueo de dinero de narcotraficantes en Colombia.

Bélgica era el territorio central en esta estrategia de contrabando, aunque España ocupaba lugar importante. El contrabando de tabaco parece haberse reducido en España con la presión policial. Representa un 4,4% del consumo total, frente a un 12% hace unos años. En el auge de estas importaciones fraudulentas se acuñó el término de pata negra para designar a ese tabaco rubio de calidad, mezcla de americano y de importación, que llevaba un sello fiscal diferente del español.

El paso decidido dado por la Comisión se inscribe en la lucha contra el fraude y contra las irregularidades financieras. Además, en Europa hay varios casos abiertos contra tabacaleras por motivos de salud. Aunque no ha cifrado aún el nivel de las compensaciones que busca, la acción judicial de la Comisión está destinada a recuperar el dinero perdido en aranceles e IVA por la importación de tabaco de contrabando, algo que interesa a los Estados miembros y a la propia Unión Europea, cuyo presupuesto se nutre de esas partidas. La Comisión calcula que los Quince pierden unos 800.000 millones de pesetas al año con este contrabando, y las arcas de Bruselas, en consecuencia, dejan de ingresar unos 200.000 millones anuales.

El contrabando supuestamente montado por las tabacaleras que describe el pliego comunitario es toda una conspiración para sortear las limitaciones en Europa a la importación de tabaco estadounidense y, por medio de un sofisticado control de la oferta, influir sobre los niveles y precios de las cajetillas vendidas. El objetivo, impuesto a los directivos locales de estas empresas, era, según la Comisión, aumentar su cuota de mercado europeo de cualquier modo, incluido el contrabando.