El pacto autonómico, en cuestión

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La reforma de las enseñanzas mínimas, las que marca el Estado para toda España, que pretende aprobar la ministra Pilar del Castillo antes de enero tiene como principal finalidad reforzar y pormenorizar las materias de humanidades, las matémáticas y la tecnología. Contiene además pequeñas modificaciones en todas las materias de la educación secundaria obligatoria (ESO) y del bachillerato, como se desprende del documento de trabajo entregado por el Gobierno al PSOE, CiU y al consejero de Educación vasco en las pasadas semanas y que representa la base fundamental de los futuros dos reales decretos en los que se materializará la reforma. El Gobierno tiene intención de marcar a las comunidades lo que los alumnos deben estudiar cada curso de los contenidos mínimos, que representan el 55% del currículo total que se enseña a los estudiantes de toda España cada curso en las comunidades con lengua propia y el 65%, en las que no la tienen. Estos porcentajes los marca la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), pero lo que no señala esta normativa es si el Gobierno debe decir a las comunidades cómo deben organizar esos contenidos, ni hasta qué punto tienen que detallarlos.

El PSOE pactó con las comunidades antes de aprobar la LOGSE, en 1991, que el Gobierno establecería los temas que tiene que saber cada alumno al acabar cada etapa educativa, ESO y bachillerato, pero dejaría libertad a las comunidades para ordenar estos contenidos dentro de cada curso, que es lo que pretende ahora cambiar Pilar del Castillo.A partir de los temarios de los contenidos mínimos que realizó el Gobierno socialista, vigentes en la actualidad, las comunidades elaboraron sus propios currículos, aprobados mediante reales decretos autonómicos, siguiendo el orden que consideraron conveniente según el modelo de educación elegido por ellas.

La decisión del actual Ejecutivo de cambiar esta pauta ha desatado la polémica. Con la reforma, el Gobierno pretende asegurarse de que los alumnos de toda España estudien lo mismo (en el 55% o 65% del currículo, según la región) y en los mismos cursos, algo que algunos comunidades creen que puede representar una invasión de sus competencias.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, advirtió el sábado que no aceptará ningún cambio que atente contra el modelo educativo actualmente vigente en Cataluña, y muy distinto del que está redactando el ministerio. Pujol ha asegurado que "defenderá sus competencias" así como un modelo de educación con elementos que permitan defender su personalidad como catalanes "y no con otros que sean impuestos".