Bruselas espera explicaciones urgentes de España por el 'caso Pallerols'

La Comisión Europea afirmó ayer que está "trabajando activamente" con las autoridades nacionales y regionales españolas en la búsqueda de "una solución a los problemas que conciernen a la ejecución del Fondo Social Europeo en Cataluña". El Ejecutivo europeo afirma que espera "en los próximos días" que las autoridades españolas den las "informaciones complementarias solicitadas" para "clarificar este asunto lo antes posible".
Bruselas espera tener una respuesta española en "los próximos días" para clarificar el caso Pallerols, que motivó el bloqueo de 2.329 millones de pesetas del Fondo Social Europeo para Cataluña.El Ejecutivo europeo mantiene que la retención provisional de fondos destinados a programas de formación y empleo en Cataluña es un procedimiento habitual cuando se "detecta algún problema grave o irregularidad en la gestión de los fondos comunitarios". Recientemente, Bruselas admitió que se producen un par de casos de ese tipo cada año.
Ahora, a preguntas de este periódico remitidas por escrito a la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales, los técnicos de la Comisión han respondido que esta institución ha procedido "en varias ocasiones a la recuperación de los importes cofinanciados". A la pregunta de cuánto dinero han tenido que devolver los Estados miembros en el último año por subvenciones de programas no justificados, este departamento responde que no puede divulgar los datos porque se trata de información confidencial "que podría perjudicar al promotor objeto de corrección financiera".
Los avances registrados en los últimos días respecto al caso Pallerols, en todo caso, parecen haberse limitado a ese intercambio de información establecido entre España y Bruselas para aclarar el problema. Mientras tanto, la Comisión asegura que "no se ha procedido a ningún pago en los últimos días" desde Bruselas.
Los colaboradores de la comisaria de Empleo y Asuntos Sociales, Anna Diamantopoulou, recuerdan que los reglamentos comunitarios prevén "un proceso de reducción, suspensión y supresión de la ayuda concedida al Estado Miembro" cuando existe algún proceso judicial abierto.
En todo caso, la Comisión Europea insiste en aclarar que la responsabilidad y el seguimiento de los programas para evitar el fraude es, en primer lugar, de los Estados miembros, aunque en virtud del principio de subsidiariedad, la Comisión puede realizar controles in situ de las acciones cofinanciadas. La batería legal disponible es suficiente, cree la Comisión, para detectar a tiempo e impedir el fraude recuperando las subvenciones no justificadas.
No se prevén grandes cambios en el modo de actuar, salvo una mayor descentralización de la ejecución de las actuaciones, por lo que en contrapartida se "ha reforzado considerablemente la responsabilidad de los Estados miembros en materia de gestión, seguimiento, evaluación y control de las actividades".
"En el caso de Cataluña", dice la Comisión, "las constataciones realizadas hasta el momento no afectan a la estrategia y prioridades de intervención recogidas en los distintos programas operativos, sino a los sistemas de seguimiento, evaluación y control de las actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo".
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