El Gobierno considera ahora "buena política" paralizar las fundaciones

El Gobierno atribuyó ayer su marcha atrás en el plan de convertir hospitales del territorio Insalud en fundaciones a su "lealtad constitucional" con las comunidades autónomas. El ministro portavoz, Pío Cabanillas, dijo que no sería "buena política" tomar "unilateralmente" tal decisión "sin haber llegado a un acuerdo con los Gobiernos regionales, que son los que van a tener que gestionar el centro en un breve plazo". Hace 10 meses, el PP consideraba esa transformación como "prioritaria" y la aprobó sin debate parlamentario.

"Se ha asumido sencillamente el compromiso de cerrar a lo largo de esta legislatura el mapa de transferencias sanitarias", dijo Cabanillas tras el Consejo de Ministros. La nueva postura supone una plena marcha atrás respecto al plan impulsado por el anterior ministro de Sanidad, José Manuel Romay. El reglamento de fundaciones fue aprobado dos meses antes de las elecciones generales del 12 de marzo, como plasmación de la gran reforma inscrita en el programa del PP (véase EL PAÍS del jueves pasado).

La Junta de Andalucía, por medio de su consejero de Salud, Francisco Vallejo, se felicitó ayer por la decisión del Gobierno, y señaló que convertir los hospitales en fundaciones "sólo conduciría a una privatización del sector que ningún ciudadano se plantea". Vallejo afirmó que la ministra de Sanidad "piensa seguir" el modelo de gestión andaluz, que permite "el incentivo a los profesionales, con retribuciones por objetivos cumplidos, que es lo que necesita el sistema público de sanidad: más cualificación e implicación".

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Ignacio Sánchez Nicolay, recordó que el año pasado la institución había manifestado su rechazo al modelo preconizado por el Gobierno. "Siempre ha habido polémica ante la posibilidad de combinar la titularidad pública y la gestión privada de un centro sanitario, supuesto que crea inseguridad jurídica", destacó Sánchez Nicolay. En su opinión, el cambio de postura se basa en estudios técnicos.

El secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Carlos Amaya, acogió la marcha atrás del Gobierno "con satisfacción, pero con cautela". La CESM instó al Gobierno a aclarar el coste que ha supuesto "el montaje [en alusión al Plan Estratégico] realizado por el ex presidente del Insalud, Alberto Núñez Feijóo". Con el dinero de "los diferentes planes estratégicos", dijo Amaya, se podría haber solucionado "alguno de los eternos problemas que padecen los médicos españoles".