Garzón investiga en Andorra a empresas de cambio y funerarias por blanqueo de dinero del narcotráfico

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha enviado una comisión rogatoria a Andorra para investigar a varias empresas españolas dedicadas al cambio de divisas y a la venta de material funerario por un caso multimillonario de blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico. Garzón busca los ingresos que recibieron en pesetas en Andorra, el origen de los fondos que entraron en sus cuentas y el destino de las transferencias que hicieron a paraísos fiscales como Panamá, Suiza, Islas del Canal o Bahamas. El juez mantiene a tres personas en prisión por este caso.

Investigación en Argentina

Entre las empresas de cambio y envíos de dinero investigadas se encuentran Iberoamericana Express, Colombia Express y Rasam Express, cuyo administrador es Ángel Bernabé Samper. Entre las empresas del sector funerario están Arcus Corp., de Girona; Artesanos de Xàtiva (fabricante de ataúdes), de Valencia o D´Eley Materiales Funerarios, de Zaragoza. Tres de estas empresas han declinado hacer comentarios a este diario sobre las diligencias 251/99 de la Audiencia Nacional.La Audiencia Nacional investiga ingresos de entre 50 y 100 millones de pesetas, que en conjunto conformarían un delito continuado de blanqueo de capitales por importe de miles de millones de pesetas.

La petición del juez Garzón a las autoridades andorranas expone que las transferencias investigadas están relacionadas con "cantidades procedentes del tráfico ilícito de estupefacientes". El juez relaciona como operador de los ingresos a Domingo Tarruella Dalmau, titular de la empresa de Girona Qualitat Deu, S.L, que se encuentra en prisión preventiva.

Junto a Tarruella fueron también detenidos el pasado 16 de febrero José María Torres García, Pitín; Antonio Samper Caparrós, Patrick Palffy, Angle Bernabé Samper Caparrós, Rodrigo Alvira Ossa y Narciso Ramió. Estos dos últimos también siguen en prisión preventiva por orden del juez.

Baltasar Garzón reclama que se investiguen las cuentas andorranas de varias sociedades en tres bancos del Principado: el Banc Agricol i Comercial d´Andorra, Banca Reig y Banco Internacional-Banca Mora.

Las autoridades andorranas han prestado colaboración policial y judicial en la investigación del juez Garzón a través del "batlle" -alcalde con funciones judiciales-, Jordi Junyer Picart. Las autoridades andorranas impusieron una multa de 10 millones de pesetas a un responsable del Banc Agricol i Comercial por no haber comunicado al Gobierno andorrano con suficiente diligencia los hechos, según fuentes oficiales de Andorra.

La red investigada también servía para introducir capitales. Este es el caso de dos empresas del grupo líder español del juego, Cirsa, que también son investigadas por Baltasar Garzón en relación a este mismo sumario: International Gaming Manufacturing (IGM) e Internacional Holding Services (IHS). Cirsa ha declinado comentar el caso a este diario.

Estas dos empresas recibieron en sus cuentas, de dos entidades españolas, dos transferencias desde el Banc Agricol i Comercial por importe de 65.000 dólares y 35.000 dólares, respectivamente (unos 19 millones de pesetas, en total). El mandante de la transferencia fue Qualitat Deu y sus administradores, Domingo Tarruella y Narcís Ramió, que declararon que pagaban por orden del colombiano Carlos Quintero y de su sociedad Blazing Ltd.

Carlos Quintero Patiño adquirió algunas máquinas al Grupo Cirsa, que atribuye los envios monetarios a los pagos de estas máquinas, como declaró su presidente, Manuel Lao, ante la brigada de delitos monetarios. Cirsa ha declinado dar su opinión a este diario sobre este asunto.

Patiño y Cirsa tienen relaciones empresariales. Una de las empresas de Carlos Quintero es Winner Group, en la que también participan filiales de Cirsa como Leisure & Gaming Corp, International Gaming Manufacturing o L&G Cirsa Corporation.

La participación global de Cirsa en esta empresa colombiana es de unos 550 millones de pesetas. Winner es una empresa de máquinas de juegos recreativos y gestiona también casinos.Por otra parte, la oficina anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina investiga la concesión del casino flotante ubicado en el puerto de Buenos Aires en favor del grupo Cirsa, líder español del sector del juego. Fuentes de Cirsa restan importancia a esta investigación y señalan que ya se ha archivado otra similar en ese país.

El fiscal argentino analiza los detalles de la adjudicación del barco fluvial "Estrella de la Fortuna" en el puerto de Buenos Aires, una de las últimas decisiones del último Gobierno de Carlos Menem.

El fiscal anticorrupción español, Carlos Jiménez Villarejo, también abrió hace unas semanas diligencias informativas sobre supuesto trato de favor de la administración de la Generalitat de Cataluña a Cirsa.