Listas temerarias

Además de dudosamente constitucional, la propuesta del presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, de que su Gobierno publique la lista de los condenados por maltratos a mujeres es política y socialmente temeraria. Desde los poderes públicos pueden y deben hacerse muchas cosas para erradicar la violencia doméstica contra la mujer: una lacra social agravada por la situación de dependencia económica de muchas de las víctimas. Sin duda, la respuesta legal, judicial y policial es insuficiente como revelan las estadísticas: 35 muertes en lo que va de año (tantas como en todo 1998). Pero es totalmente discutible que se evite con una suerte de linchamiento social.Jueces, fiscales y políticos, socialistas incluidos, se han desmarcado de una iniciativa que supondría establecer una pena accesoria ajena a la ley, que puede inducir, además, a actos incontrolados de venganza social que luego habría que lamentar, como ha sucedido en el Reino Unido tras la publicación de listas de pederastas en algunos medios de comunicación. Pero tampoco puede dejarse de lado el apoyo que ha recibido por parte de las asociaciones de víctimas, que de forma unánime respaldan la propuesta. Como mínimo, es todo un baremo de la desesperación que origina la ineficacia probada de los tan publicitados planes de choque.

En todo caso, merece todo el apoyo la propuesta de Bono de que su Gobierno se persone en las causas judiciales abiertas en Castilla-La Mancha por maltrato a mujeres. Es una forma efectiva, nada demagógica, de que la mujer maltratada sienta de cerca el apoyo de las instituciones para que sus agresores sean castigados con arreglo a la ley. En esa línea de respaldo efectivo se incluye la creación de redes de ayuda, atención y asesoramiento gratuito a las mujeres maltratadas, como la que existe en Castilla-La Mancha. Ése es el camino y no la publicación de listas de malditos, que contradicen el principio de reinserción y que exponen al delincuente a un grado de curiosidad pública que tiene resabios inquisitoriales.