Rodríguez Ibarra denuncia en los tribunales la inasistencia a clase de 2.600 niños

La Junta de Extremadura afronta su primer conflicto tras asumir las competencias educativas este año: más de 2.600 niños de 15 pueblos no asisten a clase desde que el pasado miércoles se inició el curso. Los padres reivindican un centro de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) por localidad para evitar que sus hijos se desplacen en transporte escolar a otros lugares. El Gobierno de Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha denunciado la situación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en Cáceres, y la Audiencia Provincial de Badajoz, con la intención de que actúe la Fiscalía de Menores.

El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, lanzó ayer duras críticas contra la actitud de los padres de los 2.600 niños afectados por esta polémica: "El menor no sólo sufre cuando lo medio ahogan; sufre también cuando un padre lo utiliza como rehén. Y se está utilizando a los niños como rehenes en el transporte escolar. Y después hablan de chantaje ¿quién chantajea a quién?".El responsable del Ejecutivo extremeño cree que es imprescindible que los padres dejen de implicar a los niños en sus reivindicaciones y espera que los tribunales tomen cartas en el asunto. "Esos niños no van a la escuela y el fiscal sabrá lo que tiene que hacer y, si no tiene que hacer nada, pues qué le vamos a hacer: los niños no irán a la escuela", manifestó Rodríguez Ibarra. "¿Que quieren mas institutos? Muy bien, vamos a discutirlo, pero los padres tienen que llevar los niños a la escuela", añadió.

La Coordinadora de Padres y Ciudadanos del Medio Rural No al traslado de los niños, creada para defender su postura en esta cuestión, mantiene un pulso con el Gobierno extremeño y no parece dispuesta a ceder.

"Situación indefinida"

Su portavoz, Francisco Zahíno, dejó claro ayer que la actual situación se mantendrá de "manera indefinida" hasta que la Junta dé una respuesta a sus reivindicaciones de diálogo para establecer las necesidades educativas de cada localidad. "Rodríguez Ibarra hace más que bien en acudir al fiscal, porque nosotros podemos hacer lo mismo, puesto que es un secuestro que se lleven a los niños a otros pueblos sin nuestra autorización", dice Zahíno, que asegura que la actitud de los padres no es contra la Junta, porque sus reivindicaciones datan de 1996.

Aliseda, Alía, Campo Lugar, Monroy, Madrigalejo, Monterrubio de la Serena, Puebla de la Reina, Zahínos, Ribera del Fresno, Granja de Torrehermosa, Ahigal, Peraleza de Saucejo y Palomas son algunos de los pueblos en los que, según la Coordinadora, está habiendo protestas como encierros, concentraciones y paros. "Queremos que el consejero nos explique por qué nuestros pueblos no pueden disponer de un centro de ESO. Si nos convencen deponemos la actitud, pero se cierran al diálogo", señalaron diversos padres de Ribera del Fresno en la manifestación realizada ayer ante la consejería de Educación en Mérida.

El conflicto comienza a preocupar a la sociedad extremeña y se suceden los pronunciamientos. IU ha pedido "flexibilidad" a la Junta y que estudie cada caso con los padres. CC OO ha hecho una llamada al diálogo. Mientras, las protestas se suceden: hoy los padres de Peraleda de Saucejo realizarán un encierro, y para mañana hay anunciadas otras acciones ante el Parlamento extremeño que debatirá una iniciativa de IU sobre la Red de Centros de Extremadura.

El secretario general técnico de la Consejería de Educación , Ángel de Benito, recuerda que la Red de Centros Educativos de Extremadura fue consensuada en 1996 por las administraciones central y regional, sindicatos, asociaciones de padres, FREAPA y Federación de Municipios de Extremadura. Acordaron la creación de 44 nuevos centros de ESO, bachillerato y F P. "Extremadura se concibió como territorio único, sin divisiones provinciales, con un estándar de calidad y buscando que los desplazamientos no fueran nunca superiores a los 25 ó 30 kilómetros", señala Benito. También se tuvo en cuenta que, para crear un centro bien dotado de instalaciones y medios de entre 500 y 700 alumnos, hubiera al menos grupos de estudiantes por curso. De los 44 centros acordados, 14 ya están aprobados por Consejo de Gobierno y el futuro de los restantes se debatirá en la presente legislatura: unos serán nuevos y en otros se crearán secciones que completen las actuales.

Ángel de Benito cree que en algunos casos las reivindicaciones de los padres se apoyan en una excepcionalidad que contempla una transitoria de la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE) y que permitiría crear centros de ESO con una clase de estudiantes por curso: "¿Pero, qué calidad podrían tener? Serían inviables".