Sistema de cualificaciones

En mayo de 1999 nació el Instituto Nacional de Cualificaciones que preside Francisca de Arbizu. Depende del Ministerio de Trabajo en lo administrativo pero sigue las órdenes del Consejo General de FP del que forman el Ministerio de Trabajo, el de Educación, las comunidades autónomas, los sindicatos y los empresarios. Su misión es elaborar el catálogo de perfiles profesionales, pero su mayor logro sería crear un sistema de correspondencia entre la formación reglada, la ocupacional y la continua, con el reconocimiento de la experiencia de los profesionales que pudiera acreditar su formación y equipararla así con un título de FP, aunque no hayan estudiado ningún ciclo formativo, según Comisiones Obreras. Para ello, tendrían que pasar unas pruebas.Actualmente el instituto sufre un paro aunque hay esperanzas de que ahora se le de un empujón. La FP reglada (la de los centros educativos) ya está definida, a falta de flecos y de un gran presupuesto para su implantación, pero la ocupacional, la destinada a facilitar empleo a los parados, no está tan definida, porque el instituto debe ponerse en marcha. Pero el Ministerio de Trabajo, de quien depende la ocupacional, y el de Educación, de quien depende la reglada, están enredados en los tira y afloja clásicos. "Es más un tema político", afirma Alfonso Díaz, de la CEA.

Para los empresarios, lo ideal es que los cursos de la FP ocupacional completen a la reglada.

En Andalucía, mientras tanto, se ha puesto en marcha la Agencia de Cualificaciones, pero también le falta empezar a trabajar.

Otra de las diferencias entre la normativa nacional y la andaluza es el salto del grado medio de la FP al grado superior. Para hacer un título de grado superior viniendo del mundo laboral directamente, hay que pasar una prueba para mayores de 20 años. Pero una normativa nacional posibilita que los alumnos que hayan hecho un grado medio puedan saltar, mediante un examen para mayores de 18 años, a la titulación superior de la misma rama profesional o de otra afín. Educación afirma que no se han definido las familias afines y que, ante ese caos, Andalucía obvia dicha medida.