Garzón pide al Gobierno español que solicite a México la extradición de Cavallo

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dictó ayer una resolución por la que propone al Gobierno español que solicite a las autoridades mexicanas la extradición del ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo. Éste, de 48 años, era conocido por los alias de Sérpico y Marcelo y el juez le acusa de genocidio, terrorismo y torturas, presuntamente cometidos entre 1976 y 1983, durante la dictadura militar argentina, y especialmente a partir de enero de 1979, cuando dirigió el Grupo de Tareas de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), el principal centro de represión del país.

El juez ha remitido su resolución junto con un suplicatorio al Ministerio de Justicia a través de la Presidencia de la Audiencia Nacional, que es el trámite procedente, para que se le dé curso por vía diplomática. No obstante, la solicitud debe contar con la autorización del Consejo de Ministros antes de proseguir su tramitación.Garzón ha incluido en la petición de extradición la relación individualizada de 32 nuevos casos de personas detenidas ilegalmente, sometidas a torturas y actualmente desaparecidas que no figuraban en el auto de procesamiento dictado el pasado 1 de septiembre.

El juez ya imputaba a Cavallo haber tenido responsabilidades en 227 de los 248 secuestros de personas que todavía permanecen desaparecidas y que se atribuyen a la ESMA. Cavallo integraba en esa época los grupos operativos del Grupo de Tareas 3.3.2.

Igualmente, le achacaba haber participado en 110 de los 128 casos de personas detenidas ilegalmente, y luego liberadas, que fueron torturadas; y en los 16 casos de mujeres embarazadas que parieron en la ESMA y que todavía hoy permanecen desaparecidas, igual que sus hijos recién nacidos, que fueron secuestrados.

El magistrado detallaba 21 casos concretos de torturas, secuestros y desapariciones en los que presuntamente intervino personalmente Cavallo. Entre éstos figuran la detención ilegal, durante 20 meses, y torturas de Juan Alberto Garparini, y el asesinato de su esposa y una amiga de ésta; la desaparición de Nora I.Wolfson; el asesinato de Raimundo Aníbal Villaflor, y las desapariciones de María Elsa Garreiro, Josefina Villaflor y José Hassán, que habían sido previamente detenidos ilegalmente; así como el secuestro, torturas y asesinato de Carlos Alberto Chiappolini, ocurrido el 26 de febrero de 1977.

En el auto se señalaba que "por la integración y responsabilidad desempeñada por Ricardo Miguel Cavallo en el Grupo de Tareas 3.3.2 entre los años 1976 y 1979 le son imputables todos y cada uno de los [delitos cometidos] en esa época y que se refieren a secuestros, muertes, desapariciones y torturas, dada la estructuración orgánica, jerárquica y militarizada de la ESMA, que imposibilitan de hecho la integración en la misma y el desconocimiento de sus ilícitas actividades".

Detalles de los delitos

Garzón reproduce en la solicitud de extradición detalles ya incluidos en el auto de procesamiento y en concreto las actividades de la ESMA, su intervención en secuestros, torturas y asesinatos, apropiación de recién nacidos y otros delitos. El magistrado recuerda cómo está documentada la participación de los militares de la ESMA en los vuelos de la muerte, cuando arrojaban a los detenidos vivos, algunos drogados y otros plenamente conscientes, desde los aviones en vuelo al océano.El magistrado recuerda la prohibición de autoamnistías como las leyes argentinas de Punto Final y de Obediencia Debida, cuando se trata de graves violaciones de los derechos humanos. Y respecto al genocidio, expresamente proclama: "El genocidio constituye el crimen último, la violación más grave de los derechos del hombre que es posible cometer", y añade: "La obligación de la Comunidad Internacional debe ser descubrirlo, perseguirlo y sancionarlo adecuadamente, sin que presiones políticas de ningún estamento o Gobierno puedan abrir la puerta a la impunidad, porque con ella se alentarían la ejecución de nuevos actos criminales que la humanidad repudia y rechaza".

Testigos contra Cavallo

El magistrado menciona a las 18 personas que han identificado a Cavallo como la persona que utilizaba los apodos Sérpico y Marcelo y precisa también todos aquellos testimonios que le han implicado en torturas, desapariciones y otros delitos. El juez concluye: "Puede afirmarse que en la causa existen indicios racionales de responsabilidad penal (...) y consta acreditado cómo el señor Cavallo (...) participa presuntamente en forma directa y activa, y tiene conocimiento de las [actividades delictivas] consintiéndolas y coparticipando en el mantenimiento y desarrollo de la situación, en las detenciones, secuestros, traslados, desapariciones, torturas físicas y psíquicas con reducción a servidumbre de las personas en la ESMA, así como de la muerte de diferentes personas, como se relata en los hechos", de esta resolución.