El peor negocio

No pasa día sin que la concesión de licencias de telefonía móvil de tercera generación, las denominadas UMTS, se perfile como la decisión económica más desastrosa en muchos años. El agravio para los contribuyentes españoles es de tal magnitud que algunos miembros del Gobierno, sin esperar al 31 de octubre, cuando se hará público el informe del Ministerio de Ciencia y Tecnología al respecto, admiten ya que en las próximas adjudicaciones de telefonía móvil pueden utilizar la subasta.Será ese informe, encargado directamente por el jefe del Gobierno, el que ponga sobre la mesa las supuestas ventajas del concurso frente a la subasta y las derivadas de la precipitación con que tuvo lugar. Pero, por amplio que sea el repertorio de argumentos a favor del procedimiento utilizado, resulta poco menos que imposible justificar con la mínima racionalidad la diferencia de ingresos frente a otros países europeos: 87.000 millones de pesetas en España frente a los 8,4 billones obtenidos por Alemania, por ejemplo.

La magnitud del error parece haber desorientado al propio Ejecutivo, que ahora esboza iniciativas que traten de rescatar parte de lo tirado por la borda, como la imposición de un canon -o la extensión del mismo por la utilización del espacio radioeléctrico, prevista en la Ley General de Telecomunicaciones- o vagos propósitos de aumento de la competencia. Se trata de salir al paso del escándalo creado introduciendo grandes dosis de incertidumbre que no se limitan a las empresas beneficiadas por el concurso. Todo menos corregir una decisión manifiestamente lesiva para los intereses generales.

El pretexto invocado de la inseguridad jurídica dejaría de revestir la gravedad que se presume si, lejos de ser una decisión unilateral del Gobierno, hubiera sido apoyada por el Parlamento. ¿Genera la mala administración del patrimonio de todos mayor seguridad que la capacidad para reconocer un error de esa envergadura y tratar de solucionarlo? ¿Es menos fiable un Gobierno que cobra las licencias significativamente por debajo de los demás que el que las cobra a través del mecanismo más próximo al libre mercado? ¿No es una forma de violación de la competencia ceder un bien a precios manifiestamente inferiores a los que lo hacen otros poderes del mismo espacio económico?

La legitimidad del Gobierno para defender la austeridad presupuestaria será ahora menor si la celeridad utilizada en esa adjudicación de licencias no se traslada a la búsqueda de una solución. Con una buena inversión de los billones perdidos, la transición de España a la sociedad digital habría sido indudablemente más rápida que a través del supuesto abaratamiento de las tarifas de ese tipo de telefonía. En todo caso, y como admitía la propia secretaria de Estado de Presupuestos, el ahorro de intereses generado tras la posible cancelación de deuda que podría haberse realizado con esos recursos habría facilitado notablemente la elaboración de los próximos Presupuestos.