Incompetentes
La Universidad de Alicante vuelve al primer plano informativo. Hubiera sido preferible que lo fuese por razones muy distintas a las que lo han motivado, pero la comunidad universitaria propone y el gobierno regional dispone. Y hace mucho tiempo que las disposiciones del gobierno regional van orientadas a obstaculizar o impedir iniciativas que esa Universidad concibe como interesantes y muy beneficiosas para la sociedad y el entorno productivo en el que se inscribe y al que se debe.Cualquier informe reciente sobre el futuro del llamado Arco Mediterráneo (véase por ejemplo el Sexto Informe Periódico de la Comisión Europea de 1999) señala que la capacidad de innovación es un factor clave en el desarrollo regional. Es más, el citado informe señala este factor entre los puntos débiles importantes de la Comunidad Valenciana. También resalta que la eficiencia de la estructura institucional y el capital social de una región son un factor importante en el desarrollo regional, especialmente en aquellas regiones, como la valenciana, que todavía no alcanzan el 75% de la renta media comunitaria. El otro elemento fundamental que señala el Sexto Informe es la importancia que atribuye a la creación de redes que facilitan la difusión de conocimientos e innovaciones. La razón es clara: la generación y adquisición de conocimientos normalmente están sujetas a considerables economías de escala y las redes permiten a las empresas aprovechar los conocimientos acumulados por todos los participantes. Y lo que es más importante, las redes suelen crear nuevos conocimientos o innovaciones que las pequeñas empresas no podrían generar actuando independientemente.
La Universidad de Alicante, a través de su equipo rectoral y junta de gobierno, con el rector Pedreño como primer impulsor del proyecto, hace tiempo que viene proponiendo la conveniencia de dar un salto cualitativo en la formación de redes y en el necesario acercamiento entre el ámbito de producción del conocimiento y de la investigación y el tejido socioeconómico. Medpark responde a ese objetivo estratégico. La razón es conocida: la necesidad de cambios en un modelo productivo que fue extraordinariamente beneficioso para la sociedad valenciana en la década de los sesenta y primera mitad de los setenta, pero que hace tiempo que viene dando síntomas de agotamiento. En un contexto cada vez más globalizado, sectores productivos de la economía valenciana compiten con creciente dificultad con otras regiones económicas del planeta basadas -al igual que aquí en aquellos años- en la utilización de mano de obra intensiva y barata y en la externalización de los costes ambientales. Nuestras empresas, nuestras ciudades y la propia región económica compiten ahora en un mercado global, y hace tiempo que sabemos que los factores que subyacen a la competitividad son la investigación y el desarrollo tecnológico, la infraestructura y el capital humano y el papel de las instituciones y el capital social, máxime en territorios como el valenciano donde el predominio de las pequeñas empresas es abrumador.
La universidad tiene encomendada como primera e indeclinable función social la de formar a sus alumnos. Pero hace décadas que muchas universidades también contribuyen de forma decisiva a impulsar la creación de entornos donde es posible la producción y el intercambio del conocimiento, susceptible de ser aplicado a las necesidades de la sociedad y de las empresas. Manuel Castells lo ha explicado recientemente de forma magistral y el propio Informe Bricall llama la atención sobre la responsabilidad social de las universidades en este campo, incorporando múltiples referencias a la conveniencia de que las universidades europeas se comprometan en impulsar y liderar proyectos de parques científicos.
La creación de parques científicos no es nada nuevo. La ya dilatada experiencia del mundo universitario anglosajón demuestra su utilidad para incrementar la competitividad de las empresas y los territorios. Varias universidades norteamericanas y, al menos, cuatro universidades británicas, comenzando por Oxford, impulsaron hace tiempo esta idea. En cada universidad se ha concretado de forma distinta, adaptándolo a la realidad económica, social institucional en cada caso, pero el objetivo final es similar. También han emprendido ya proyectos de este tipo otras universidades españolas radicadas en Cataluña y Madrid.
Es en ese contexto donde debe entenderse la propuesta de la Universidad de Alicante. La trayectoria de esa universidad, que creo conocer algo, avala su competencia para liderar un proyecto, tan ambicioso como necesario, para ayudar a superar los riesgos de obsolescencia de nuestro modelo productivo. Y lo que resulta sorprendente es que desde el primer día que lanzó la iniciativa no haya contado con el apoyo de nuestros representantes políticos en el gobierno regional y local y con el soporte más decidido del sector privado radicado en la Comunidad. Llama la atención que sean grandes empresas foráneas las primeras en mostrarse dispuestas a situar en el futuro parque científico sus unidades de I+D.
Durante el mes de agosto me he interesado en leer detenidamente la abundante información que la propia Universidad ha puesto a nuestra disposición en Internet y en seguir, a veces muy sorprendido, las declaraciones públicas de nuestros gobernantes sobre este tema. Una cosa me ha quedado clara: no son partidarios. Por esa razón han desplegado un completo bloqueo institucional al proyecto de creación de Medpark. Bloqueo que supone, insisto en ello, no solamente frenar las expectativas de ampliación de la propia Universidad, sino imposibilitar la concreción de un proyecto que, a medio y largo plazo, sería muy positivo para el futuro de nuestra estructura económica y social.
Para paralizarlo se amparan en dos informes técnicos elaborados por las Consejerías de Obras Públicas y de Cultura, Educación y Ciencia respectivamente. Ambos subrayan que la Universidad no es competente para impulsar un Plan Especial que permita la creación del parque científico. Más allá de los juicios de valor que incluyen y del desconocimiento que demuestran al referirse a las características de un parque científico impulsado y liderado por una universidad y de la actividad que albergan -prácticamente confunden un parque científico con un polígono industrial- lo más sorprendente es que la Consejería de Obras Públicas atribuye la competencia para la aprobación provisional del proyecto a la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia, y esta, días después, se declara incompetente remitiendo la capacidad de aprobación a la de Obras Públicas. Todo un ejemplo de coordinación y de conocimiento de las competencias de cada uno.
Tengo la impresión, que puede ser equivocada, de que la Universidad de Alicante ha seguido los pasos que la legislación establece y hasta donde el marco legal le permite. En todo caso, siempre quedaría a expensas de la aprobación definitiva del proyecto que la propia legislación reserva a la Consejería de Obras Públicas. Creo incluso que la reciente legislación sobre suelo, elaborada por el gobierno central y aprobada por el Parlamento español, refuerza las competencias de una administración pública como la Universidad para emprender iniciativas de este tipo. Sea como fuere, el tiempo, y probablemente los tribunales -de nuevo los tribunales- dirán la última palabra. Pero la cuestión que me parece fundamental y que quiero destacar aquí no es esa. Lo que quiero subrayar, incumplimiento de la resolución de las Cortes Valencianas aparte, es que no hay voluntad política para impulsar el proyecto y que desde el gobierno se ha politizado -¿tal vez sería mejor decir personalizado?- este tema.
En las puertas del siglo XXI y con los vertiginosos cambios que se están produciendo, un proyecto como Medpark no hubiera debido contar más que con el apoyo y la cooperación de todos los agentes implicados, empezando naturalmente por el propio gobierno regional. La relevancia estratégica del parque científico debería situarse, cuando menos, al mismo nivel que proyectos como la Ciudad de las Ciencias o el Parque Temático, que sí contaron con todo el apoyo y la cooperación institucional que sin duda merecían por su importancia para la Comunidad Valenciana. Medpark también lo merece.
Joan Romero es catedrático en la Universidad de Valencia y ha sido consejero de Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana.
