Autonomía universitaria y democracia

Durante los últimos años del franquismo la universidad española jugó un destacado papel en la lucha por la recuperación de la democracia y las libertades políticas. A falta de un espacio público para el debate político, hurtado por la Dictadura, los claustros universitarios se convirtieron, al igual que otro tipo de corporaciones e instituciones de la sociedad civil, en el vehículo y plataforma de actuación de una sociedad política secuestrada y amordazada por el régimen.Más allá de la defensa de intereses estrechos y corporativos -que en todo caso fueron utilizados como instrumento para una movilización política de mayor calado-, el compromiso de muchos universitarios de aquel entonces, docentes y discentes, significó anteponer el interés general de la recuperación democrática a objetivos más particulares y personalmente rentables. La universidad fue "utilizada" políticamente en aquellos tiempos, al margen de sus genuinas funciones, noblemente y de forma acorde con una misión exigida por circunstancias históricas excepcionales.

La sociedad y la universidad española actuales tienen muy poco que ver con las de hace veinticinco años. La Constitución española y la LRU han configurado un modelo de autonomía universitaria que otorga a las instituciones académicas públicas cotas de autogobierno jamás alcanzadas en nuestro país ni en los sistemas públicos universitarios de nuestro entorno europeo. Dicho modelo ha funcionado por lo general muy correctamente basándose en el mutuo respeto entre las competencias propias de la universidad y las de los distintos poderes públicos. A estos últimos corresponde, sin la menor duda, la competencia en la definición territorial del espacio universitario y en el ejercicio del control y la distribución de los recursos que hagan posible el mantenimiento equilibrado del sistema público universitario. Lo podrán hacer mejor o peor, esa es su responsabilidad y de ella deberán rendir cuentas cada cuatro años ante el electorado.

Pero cuando unilateralmente algunos gestores universitarios -se trata de la excepción que no de la regla- caen en la tentación de invadir atribuciones y de hostigar a dichos poderes públicos con la autosupuesta finalidad de conseguir logros sociales para la que no están mandatados, se altera de forma muy poco prudente el equilibrio entre la universidad y las instituciones políticas depositarias de la soberanía popular y se introducen elementos de confusión que apuntan a la confrontación con dichas instituciones y a la insolidaridad con las restantes universidades en lo que se refiere a la justa y proporcional asignación de los recursos públicos.

El espacio de actuación de la universidad pública en una sociedad democrática no es el espacio de lo político. Si lo fue legítimamente en otros tiempos como se ha apuntado más arriba, no puede caerse ahora en el error de utilizar e instrumentalizar, en un perverso revival, el campus académico como terreno de la confrontación política: ni en defensa de supuestos ataques contra la autonomía universitaria, perfectamente protegida por nuestro ordenamiento jurídico, ni en defensa tampoco de ambiciones personales o de intereses clientelares.

La arrogancia corporativa de quienes sustentan su protagonismo sobre la influencia y el respeto en la consideración social de que goza la universidad y lo utilizan para involucrarla en la contienda política, no debería arrastrar a algunos partidos políticos de la oposición a caer, recíprocamente, en dicho despropósito. La tentación de "utilizar" políticamente tales designios y actitudes con el objeto de erosionar al poder de turno no debería prevalecer sobre la responsabilidad de dichos partidos en la defensa institucional de las competencias y atribuciones que a cada administración otorga nuestro Estado de Derecho. Al fin y al cabo, las situaciones son siempre cambiantes, y la mejor y más responsable forma de contribuir a las correctas relaciones entre universidad, sociedad y política, tanto ahora como en el futuro, será que cada uno se mantenga dentro de dichas competencias y atribuciones sin forzar, de manera imprudente, la verdadera dimensión de la autonomía universitaria en nuestro Estado democrático.

Salvador Forner Muñoz es director general de Enseñanzas Universitarias de la Generalitat Valenciana.