'Caso Cavallo': nuevo golpe a la impunidad

El hasta hace pocas fechas director del Registro Nacional de Vehículos de México, Ricardo Miguel Cavallo, era algo más que el alto ejecutivo que aparentaba ser. En realidad era un ex oficial de la Armada Argentina -capitán de corbeta retirado- que tuvo amplia participación en las torturas y asesinatos cometidos por la dictadura militar que asoló la sociedad argentina entre 1976 y 1983.Su primer problema surgió cuando cinco personas, ex presos políticos argentinos que pasaron por sus manos, le identificaron como uno de los principales torturadores que actuaban en la Escuela de Mecánica de la Armada (la siniestramente célebre ESMA) entre los años 1977 y 1980, bajo los sobrenombres circunstanciales de Miguel Ángel, Sérpico, Ricardo y Marcelo. Su segundo problema se produjo cuando el semanario mexicano Reforma decidió publicar su fotografía junto a la denuncia de sus antiguas víctimas, señalándolo como su torturador.

El tercer problema de Cavallo permanecía aparentemente dormido en los archivos de nuestra Audiencia Nacional, pues su nombre no figuraba en la lista de 48 militares argentinos cuya detención pidió en su momento el juez Baltasar Garzón, y tampoco aparecía en la lista de los 98 procesados por éste en auto judicial anterior. Pero sí que figuraba -bajo el nombre de Miguel Ángel Cavallo- entre los 196 militares imputados en mayor o menor grado dentro de la misma causa, abierta en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de dicha Audiencia por delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos bajo la dictadura de las Juntas Militares argentinas. Si bien el procesamiento de Cavallo no había sido dictado aún, su nombre, sus datos y sus presuntos delitos eran ya conocidos por la justicia española a través de dicha causa penal.

Pero el cuarto problema de Cavallo, el más amenazador y efectivo, empezó a activarse a miles de kilómetros de México (en Madrid y Buenos Aires), cuando la admirable Asociación Argentina pro Derechos Humanos de Madrid, advertida desde México de la presencia y verdadera identidad del sujeto en cuestión, se puso a actuar con fulminante rapidez. Junto con otra serie de personas e instituciones, que participan conjuntamente como acusación popular en la citada causa, este benemérito conjunto de luchadores contra la impunidad se puso a actuar en una triple dirección.

Por una parte, en Madrid, acumulando los datos disponibles contra Cavallo y estableciendo inmediato contacto con el magis-trado sustituto del juez Baltasar Garzón (ausente en sus últimos días de vacaciones), con objeto de poder cursar cuanto antes a México la correspondiente orden de detención. Por otra parte, se establecían rápidos contactos con las organizaciones de derechos humanos de Buenos Aires, tratando de confirmar datos, imputaciones e identidad del interesado. En tercer lugar, y de forma simultánea, se hacían gestiones con México, también en una doble dirección: con las autoridades policiales y judiciales, instando la rápida detención del imputado, y con la revista Reforma, tratando de retrasar la publicación de la denuncia lo mínimo suficiente para dar tiempo a esa detención, evitando la fuga que, previsiblemente, se produciría con toda rapidez a partir del momento de la publicación, como así fue.

El resultado de esta carrera contra el reloj se decantó por cuestión de minutos, si se nos permite la expresión, y con ayuda -todo hay que decirlo- de un benéfico azar, que esta vez se puso del lado de la justicia y no de la impunidad. Siendo imposible retrasar la salida de un semanario más allá de un cierto límite, éste se distribuyó, y Cavallo, viéndose en serio peligro ante la naturaleza de aquella información, se apresuró a tomar el primer avión hacia el único refugio que consideró seguro: su propio país, donde las leyes de obediencia debida y punto final siguen ofreciéndole la coraza protectora que no podría encontrar en ningún otro lugar.

Su vuelo hacia Buenos Aires despegó antes de que la policía pudiera proceder a su captura. Pero he aquí que aquel vuelo incluía una breve escala en Cancún, y fue allí, en el extremo oriental de México, donde el fugitivo fue capturado por la policía federal. En realidad, no deja de ser otra saludable forma de justicia el que, cuando tantas personas e instituciones, actuando en tantos lugares y a tanta distancia, ponen su apasionado esfuerzo, su común ilusión y su tenaz propósito en el logro de una meta justa, ésta se vea favorecida de alguna manera por la buena suertre. De hecho, así ha sido en esta ocasión.

Para colmo de desgracias acumuladas por el antiguo marino, pronto emergió para él un quinto problema, y no precisamente trivial: la justicia francesa, al conocer su detención, ha dado a conocer su reclamación sobre el mismo sujeto, al que se imputa su participación en la muerte de varios ciudadanos franceses, entre ellos las dos monjas Alice Domon y Léonie Duquet, cuyo secuestro y desaparición en Buenos Aires en diciembre de 1977 le valió al bien conocido capitán Alfredo Astiz -entonces también teniente de fragata como Cavallo- el ser finalmente juzgado en rebeldía y condenado a prisión perpetua en 1990 por la Cour d'Assises de París. Condena en ausencia cuyos efectos Astiz ha podido eludir permaneciendo sin salir nunca de su país. Harto distinta puede ser la suerte de su colega y compañero de promoción, tras su procesamiento ya dictado por el juez español, con fines de posterior extradición.

El hecho de que en la citada causa judicial española y en el CELS de Buenos Aires aparezca el nombre de Miguel Ángel Cavallo y no el de Ricardo Miguel produjo dudas iniciales sobre la coincidencia de identidades. Sin embargo, las últimas investigacio-nes de Interpol han establecido que su verdadero nombre es Ricardo Miguel, mientras que Miguel Ángel fue uno de los varios alias utilizados en aquellos años por el torturador. En cualquier caso, es la misma persona, según acredita la coincidencia de su número de identidad en el archivo del CELS y en los documentos tramitados en México por el departamento de inmigración.

Se trata, pues, del mismo individuo conocido como Sérpico, jefe de uno de los temibles "grupos de tareas" de la ESMA. "Tenía la sonrisa helada", recuerda una de sus víctimas. "Fue él quien torturó personalmente a Telma Jara, una sexagenaria que aún sufre las secuelas", señala uno de los testigos. "Lo recuerdo demasiado bien. Sólo hay una forma de que no sea él: que tenga un hermano gemelo", ha dicho otro de los torturados. "Era un auténtico ideólogo de la tortura, y más de una vez presentó notas e instrucciones a sus subordinados sobre cómo lograr una mayor eficacia en la presión física y psíquica sobre los interrogados", precisa otro superviviente de la ESMA.

¿Qué significa la detención y posible extradición de este acreditado (aunque todavía presunto) torturador? Significa demasiadas cosas y demasiado importantes como para ser omitidas en el contexto de los importantes aconteci-mientos que en estos últimos años nos ha deparado la larga lucha contra la impunidad. Para empezar por lo más obvio, pero no por ello menos necesario, hechos como éste significan la constatación de algo que nadie debería olvidar: que las atrocidades de la ESMA y de otros antros de la represión -torturas, violaciones, saqueo de bienes, asesinatos, lanzamiento al mar de cientos de personas narcotizadas- no fueron perpetradas por un grupo de diabólicos fantasmas inmateriales, surgidos de ultratumba, sino por un grupo de sujetos de carne y hueso, vivos y concretos, con nombres, apellidos y graduación militar.

Este episodio significa también, una vez más, la prueba de hasta qué punto erraron aquellos que, ante el primer auto judicial español (1996) contra algunos caracterizados represores de la dictadura argentina, lo calificaron de "brindis al sol", "gesto estético de nula efectividad", etcétera. Estético, sí. Etico, también. Inefectivo, de ninguna manera. Tanto el general Pinochet como ahora el capitán Cavallo pueden dar testimonio de esa supuesta "inefectividad".

Otro dato significativo es el hecho de que un país como México -más bien reacio históricamente a capturar fugitivos de otros países que los reclaman- se alinea, con esta detención, entre los países comprometidos en la lucha contra la impunidad, cuando las imputaciones entran en el campo de los crímenes contra la humanidad. Por otra parte, su condición de país firmante del Convenio contra la Tortura de 1984 le obliga a este tipo de colaboración internacional.

Este caso sirve igualmente, en su aspecto más negativo, para que la Fiscalía de la Audiencia Nacional manifieste una vez más su postura, adversa a la jurisdicción española en este tipo de casos, ignorando el fallo histórico de la Sala de lo Penal de la misma Audiencia Nacional, que por unanimidad de sus 11 magistrados ratificó la jurisdicción de la justicia española para perseguir los delitos contra la humanidad cometidos por las dictaduras militares de Argentina y Chile (autos de 4 y 5 de noviembre de 1998).

Pero quizá el más significativo dato derivado del caso Cavallo sea la constatación de que existe ya un entramado de personas, grupos, instituciones y centros de documentación, extendidos por una serie de países, que permanecen atentos y con sus antenas bien activas, dispuestos a detec-tar, denunciar eficazmente y hacer posible la captura de aquellos caracterizados delincuentes que consiguieron eludir la acción de la justicia en su país y viajan despreocupadamente fuera de él. Recordemos también el reciente caso del mayor argentino Jorge Olivera, descubierto en Italia, detenido y pendiente de extradición a Francia, cuya justicia le reclama por delitos contra ciudadanos franceses cometidos durante la represión militar en su país.

Algunas veces la corta, imperfecta y muy limitada justicia de los hombres, sobreponiéndose a esa limitación, consigue alargar su brazo y atenazar por el pescuezo a algún detestable criminal que se consideraba por encima y a salvo de tal posibilidad. Todavía no sucede muchas veces, pero cuando ocurre nos hace ver que los esfuerzos contra las muy poderosas fuerzas que generan, propi-cian y mantienen la impunidad, lejos de ser inútiles, arrojan sus frutos. Nuevamente, la impunidad estamental, tradicional, histórica, todavía fuerte y resistente, ha recibido otro golpe no despreciable, y, previsiblemente, habrá de recibir muchos más..

Prudencio García es consultor internacional de la ONU e investigador del INACS