Los sindicatos transmiten a Aznar su rechazo a los Presupuestos "restrictivos" de 2001

El presidente Aznar y los sindicatos revalidaron ayer su compromiso de diálogo. Un objetivo común que ha encontrado un obstáculo en los Presupuestos Generales de 2001, que para los líderes sindicales son "restrictivos" e incompatibles con su demanda de que se mejore la protección al desempleo, las políticas activas o los servicios públicos. En cambio, el Gobierno asegura que "el gasto social es una prioridad". Sí hay acuerdo en que el Fondo de Reserva de las pensiones se dote en varios años con una cantidad igual a la nómina mensual de pensiones: en torno a 685.000 millones de pesetas.

El objetivo del déficit cero fijado por el Gobierno Aznar para 2001 no es cuestionado por los sindicatos. El desacuerdo de los líderes de CC OO y UGT, José María Fidalgo y Cándido Méndez, se produce con el camino para lograrlo: "unos presupuestos restrictivos" que, a su juicio, van a impedir encajar mejoras de la protección social, y consecuencia de una reforma fiscal que no comparten y que ha mermado los ingresos públicos en medio billón de pesetas.Así se lo manifestaron ayer los sindicalistas al presidente del Gobierno, José María Aznar, y a su ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, en un nuevo encuentro de la ronda de contactos comprometida a raíz de las elecciones generales de marzo pasado para revalidar su compromiso con el diálogo. Méndez advirtió a Aznar que es "difícil conciliar el déficit cero con la mejora de las prestaciones de paro, de la ayuda a las familias y de las pensiones".

El ministro de Trabajo cree que esas reservas de los sindicatos no tienen fundamento y defendió tras el encuentro de ayer "un presupuesto equilibrado como la mejor vía para buscar el equilibrio social". Aparicio añadió que, para el próximo año, "el gasto social se mantendrá como una de las prioridades".

Yacimientos de empleo

Los sindicatos reclamaron asimismo al Gobierno que los presupuestos de 2001 incluyan "partidas para sacar a la luz nuevos yacimientos de empleo y unas verdaderas políticas activas de empleo", según Fidalgo. Junto a ello, piden una subida salarial para los empleados públicos que les permita recuperar parte del poder de compra perdido, y con cláusula de garantía, y medidas para reducir la contratación temporal en el Administración.Fidalgo y Méndez aprovecharon su encuentro con Aznar para reiterarle personalmente su desacuerdo con algunas medidas del paquete liberalizador aprobado el mes pasado, y en concreto con la libertad de horarios comerciales y con la cesión a las mutuas de las altas laborales. Para los sindicatos se trata de decisiones "con impacto social que se deberían haber evitado", y que en el caso de los horarios comerciales ha provocado "la rebelión de algunas comunidades autónomas, de los pequeños empresarios y de los trabajadores del sector".

Su rechazo es igual de contundente hacia la medida referida a las mutuas que, según el líder de CC OO, es una decisión "inconveniente" y que no va a mejorar el gasto de incapacidad temporal. El máximo dirigente de UGT cree que se trata de "una zancadilla al diálogo social", y una medida que se ha tomado unilateralmente por el Ministerio de Economía, cuando se trata de una materia que se debe abordar en la negociación sobre la Seguridad Social. En contraposición, los sindicatos quieren un desarrollo reglamentario consensuado, que incluya "el acceso de los representantes de los trabajadores a la gestión de las mutuas", dado que esas entidades controlan las cotizaciones aportadas por los asalariados.

Una petición a la que, en principio, no se opone la patronal ni tampoco el ministro de Trabajo, quien recordó que las centrales ya intervienen a través de las comisiones de seguimiento. Aparicio defiende que se realice una reflexión sobre la futura configuración de las mutuas, dado que su papel ha cambiado en los últimos años, y en la actualidad se ocupan de las bajas por accidente laboral, por enfermedad común y la prevención de los accidentes de trabajo. Por ello, no tiene inconveniente en abordar una propuesta suscitada por los sindicatos, y apoyada por los empresarios, para poner en marcha nuevas formas de participación de los agentes sociales en esas entidades.

En pensiones, hay un principio de acuerdo para que el complemento de mínimos pase a financiarse, en un horizonte temporal aún por concretar, vía presupuestos, y no con cotizaciones sociales como ahora, ya que se trata de una prestación asistencial. Sobre el Fondo de Reserva se quiere seguir el modelo vigente en otros países comunitarios, consistente en que esté dotado con una cantidad equivalente a lo que cuesta una nómina mensual de pensiones al sistema de Seguridad Social.

Méndez citó el coste actual, 685.000 millones de pesetas, mientras que el ministro de Trabajo rehusó dar cifras porque la discusión está abierta. En todo caso, el fondo se irá dotando en varios años. De momento, cuenta con 40.000 millones de pesetas y el próximo ejercicio tendrá al menos otros 60.000 millones, en función del superávit que tenga la Seguridad Social este año.

Es asimismo previsible que el diálogo sobre el sistema público de protección dé como resultado un acuerdo para subir las pensiones mínimas de viudedad y jubilación por encima de la previsión de inflación (2%).