La explotación de Altamira provoca un nuevo conflicto entre las administraciones

Las negociaciones, emprendidas hace meses, se encuentran hoy suspendidas porque el Estado y el Ayuntamiento de Santillana del Mar no se ponen de acuerdo sobre la explotación de Altamira en el futuro y la vigencia del llamado censo reservativo, que entró en vigor hace 13 años y que garantiza al municipio la percepción hasta el año 2037 de la mitad de los ingresos brutos por el uso y gestión del yacimiento a cargo del Estado. El alcalde de Santillana, Isidoro Rábago, amenaza con plantear ante los tribunales el rescate de su propiedad.

500.000 visitantes

Fue en 1987 cuando, después de un pleito que se prolongó nueve años, el Ayuntamiento se convirtió en dueño de la caverna, hasta entonces en poder del Patronato de las Cuevas Prehistóricas de la provincia. Así lo reconocieron la Audiencia Provincial y luego la Territorial de Burgos, pero, antes de que la cuestión la decidiera el Supremo, el Ayuntamiento acordó ceder al Estado la titularidad a cambio de un censo reservativo que quiere ahora suspender cuando faltan 37 años para que pierda vigencia.El Ayuntamiento, cuyo presupuesto sólo asciende a 300 millones, recibe este año 29,7 millones del Estado. A cambio de que renuncie al censo reservativo, el Ministerio de Cultura se compromete a pagarle 30 millones de pesetas anuales incrementados cada año en un 5% hasta 2037. A partir de 2009, a la aportación se añadiría un 25% de los cuantiosos beneficios que se espera que genere el complejo altamirense en construcción. En total, unos 3.231 millones según las cuentas de Cultura. Si se produjeran pérdidas, el Ayuntamiento no sería obligado a compartirlas.

Pero el alcalde socialista, Isidoro Rábago, no quiere hablar de cambio en las cláusulas del censo reservativo y manifiesta que si el Estado no accede, se podría intentar el rescate de la propiedad. "¿Cuánto valen hoy las cuevas que el Ayuntamiento cedió al Estado?", se pregunta.

El secretario de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca, que en los últimos meses ha estado inútilmente negociando con el alcalde, advierte a éste de que los cálculos que maneja son erróneos o irreales y que la oferta habría de beneficiar económicamente al Ayuntamiento. "La figura jurídica del censo, tal y como está contemplado", acaba de decir en Santander, "ya no tiene sentido e incluso dificulta la posibilidad de llevar a cabo inversiones satisfactorias en Altamira".

El regidor no da su brazo a torcer y se queja, ahora más que nunca, de las precariedades económicas de su Ayuntamiento, convencido de que el Estado pretende hacer, en el futuro, un gran negocio con la gestión de Altamira en detrimento del Ayuntamiento. "Tenía que oír lamentarse a los vecinos", insiste, "de que viven en una de las zonas más olvidadas de Cantabria y carentes de algunos servicios públicos. Ni siquiera tenemos un polideportivo. El ministerio pretende chantajearnos y su actitud es prepotente y cicatera".

Según las estimaciones de Rábago, que Cultura rechaza por falta de lógica, la nueva Altamira, con la réplica abierta al público y el museo de sitio funcionando, permitirá al Estado recaudar en el año 2037, coincidiendo con el fin del censo reservativo, unos 50.000 millones de pesetas generados por 500.000 visitantes sólo por el hecho de ver los bisontes artificiales, alternar en la cafetería y aparcar el automóvil.En Altamira se invierten hoy 2.400 millones de pesetas, a cuyo presupuesto la Unión Europea contribuye con 1.400 millones. La apertura de la neocueva se anuncia para este otoño y el año próximo el museo estará listo para convertirse, según De Cuenca, en el "gran centro del paleolítico del planeta".

"Eso estará muy bien para los estudiosos de todo el mundo, pero ¿cómo se mejorarán nuestras condiciones de vida?", se oye decir en la villa en estos días.