En dirección correcta

El Gobierno aprobó ayer un heterogéneo paquete de medidas orientadas a liberalizar los mercados de servicios en España. En general, se puede decir que casi todas las medidas van en la dirección correcta y que su música suena bien, aunque pecan de insuficiencia en algunos casos.Con el lema explícito de "acabar con los vestigios de los monopolios", el Consejo de Ministros aprobó cinco decretos-ley que pretenden aumentar el grado de competencia y flexibilidad de la economía, o, como dice solemnemente el Ejecutivo, "sentar las reglas del modelo económico español para los próximos 10 años". Lo primero que sorprende es el elevado número de medidas, seguramente con la voluntad de zanjar la asignatura de la liberalización de los mercados. En hidrocarburos, gas y electricidad, el Gobierno limita el desarrollo de las grandes empresas que controlan los mercados y la presencia accionarial dominante en los consejos de administración; las concentraciones de empresas se suspenden hasta que sean autorizadas por el Ejecutivo; la tarifa eléctrica bajará hasta el 9% en los próximos tres años; se aprueba una tarifa plana en Internet muy sui géneris de 2.750 pesetas mensuales en horario limitado (ya se habla de Internet para las discotecas, pues dicho horario es nocturno y, por tanto, no valdrá para los colegios); los abonados al teléfono podrán elegir operadora a partir del próximo 1 de enero; las llamadas locales se liberalizan a partir del 1 de noviembre; el pequeño comercio tendrá libertad de horarios y las grandes superficies podrán abrir un domingo más cada año; se reduce la tributación de las plusvalías del 20% al 18% y se eleva en 100.000 pesetas la deducción por planes de pensiones.

Es discutible la eficacia a corto plazo de muchas de estas disposiciones, pero el efecto de las reformas estructurales debe medirse por su capacidad para introducir competencia, no por la reducción inmediata de la inflación. Salvo el recorte de las tarifas eléctricas, no puede decirse que sean estrictamente medidas antiinflacionistas; más bien parecen desregulaciones en el mercado cuyos efectos, con suerte, comenzarán a apreciarse en un plazo no inferior a un año. No es difícil aventurar que la limitación en las participaciones accionariales en la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) o Enagas difícilmente mejorarán la competencia; pero, por el contrario, la moratoria que se establece a las grandes compañías eléctricas o petroleras para que no puedan aumentar su potencia instalada y el número de gasolineras es una medida que tendrá efectos beneficiosos para el mercado. La invitación a instalar surtidores en los centros comerciales contribuirá a bajar los precios de las gasolinas.

En telecomunicaciones se observa la misma dispersión de eficacia. La liberalización del llamado bucle local abaratará sin duda las llamadas locales y tendrá un efecto importante sobre el IPC; pero la tarifa plana en horario nocturno difícilmente tendrá consecuencias serias en el bolsillo. El caso de la libertad de horarios comerciales plantea además el problema de su difícil aplicación política, puesto que las comunidades autónomas tienen atribuidas las facultades legales sobre su regulación. Las medidas de liberalización del suelo son poco relevantes. Y en cuanto a los descuentos en los libros de texto, el Gobierno se ha plegado simplemente a las exigencias de los grandes almacenes, lo que puede tener efectos letales para muchas pequeñas librerías.

Por otra parte, parece demasiado pomposo pretender que las disposiciones aprobadas vayan a liquidar los vestigios de monopolios. Ni el oligopolio en el mercado eléctrico parece amenazado a corto o medio plazo ni el mercado de carburantes dejará de estar en manos de un operador dominante; por no mencionar el dilatado plazo que requerirá el mercado del gas, donde está depositado en buena parte el futuro energético español para cambiar su monolítica estructura actual. Se echan en falta medidas más profundas en el control de los contratos de suministro de las operadoras con las estaciones de servicio, una apertura física real que permita conectar la isla eléctrica española con el mercado europeo o una separación efectiva en las distintas actividades del gas natural. Tan dudosa eficacia contrasta notablemente con la presteza con que el Gobierno ha reducido la tributación sobre plusvalías y ha bajado las retenciones de los fondos de inversión.

En el capítulo de las ausencias destaca la falta de disposiciones en sectores como Correos, agua, transporte ferroviario, etcétera. Y, sobre todo, medidas que favorezcan la creación de empresas, verdadero nudo gordiano de una nueva economía que no es sólo un eslogan propagandístico.