Las universidades han patentado más de 1.000 inventos en los últimos 10 años Los centros superiores españoles han comercializado el 10% de sus hallazgos

La Universidad española es dueña de sus propias ideas. En la última década, la institución ha decidido no dejar a otros los beneficios del esfuerzo propio y ha resuelto patentar los resultados de sus investigaciones. En ese periodo, las universidades han patentado más de 1.000 inventos, aunque sólo un 10% de ellos ha sido comercializado. La mayoría, por tanto, no pasa de ser una inscripción protegida. Las invenciones que llegan al mercado reportan, además de prestigio, interesantes incentivos para los implicados. Los ingresos generados se reparten a partes iguales entre los investigadores y la universidad.

Las investigaciones universitarias son ahora capaces de traspasar los muros de los campus. Métodos de conservación de los alimentos, procedimientos de reciclaje, audífonos o vacunas para mejorar el rendimiento de piscifactorías han nacido en la última década en los laboratorios universitarios y no han muerto ahí. Sin embargo, hasta hace apenas 10 años, las relaciones de la Universidad española con el exterior eran prácticamente imposibles. La Ley de Reforma Universitaria (LRU), de 1989, permitió a "departamentos e institutos universitarios, y su profesorado, contratar con entidades públicas y privadas la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico". Para gestionar esas relaciones comerciales externas, se idearon las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI). Hoy, 52 universidades de las 64 existentes (49 públicas y 15 privadas) cuentan con ellas. El contacto con el mundo que permitía la LRU supuso un reto, que, por otra parte, muchos estaban deseando. Se pudo pasar de la investigación básica a la aplicada. Entonces surgieron avances con utilidad inmediata más allá del recinto universitario. Y para protegerse del tiburoneo científico e industrial, se comenzó a patentar, lo que permite mantener la propiedad sobre el trabajo propio durante 20 años.

Patentes licenciadas

Sin embargo, quienes gestionan las OTRI están de acuerdo en que lo realmente importante no es patentar por patentar. Para ellos, el dato verdaderamente interesante no es el de las más de 1.000 patentes registradas, sino el de las algo más de 100 licenciadas. Éstas son las que se transforman en artilugios que llegarán a la calle. Son las que tienen verdadera utilidad social o económica.

Mª Eugenia González de la Rocha, de la OTRI de la Complutense de Madrid, asegura que "muchos profesores no tienen aún visión comercial"; es decir, que inventan productos que no se pueden colocar. Los investigadores con mayor visión comercial se encuentran, por ejemplo, en la Universidad Politécnica de Valencia (10 patentes licenciadas de 41 registradas), Zaragoza (5 de 30), en la de Santiago de Compostela (10 de 52) y en la Complutense de Madrid (6 de 57).

Cuando se intuye la viabilidad económica de una invención, las OTRI se encargan de negociar. Como la cautela es crucial, muestran su prodigio con un compromiso de secreto, un documento normalizado que obliga a mantener el secreto de todo lo que revele el propietario de la tecnología al posible comprador mientras evalúa su bondad. Si hay un interés definitivo, las posibilidades son variadas.

La propia universidad puede registrar el producto a su nombre y ceder la fabricación y comercialización al interesado, bajo un contrato de confidencialidad que obliga a la empresa a no airear los entresijos del producto. En estos casos, el beneficiario de la cesión abona un monto fijo de dinero más un porcentaje de los beneficios (royalties), normalmente entre un 1% y un 3%.

La protección dentro del ámbito nacional es casi gratis para las universidades por ser organismos de investigación públicos. Pero, pasados 18 meses, si el invento tiene interés mundial, es necesario ampliar la cobertura o podrá ser fusilado fuera de España. Los costes de protección transnacional son ahora muy superiores, por lo que, generalmente, el canon fijo se sustituye por la obligación de la empresa de hacerse cargo del coste internacional de la patente. Defender la propiedad en la UE puede costar entre dos o tres millones por año; pero, casi inevitablemente, hay que protegerse también de estadounidenses, japoneses y otras naciones potentes, lo que supone otra cantidad similar por país y año. Sólo las empresas privadas pueden correr con estos costes.

Las universidades han aprendido que, cuando se trata de negociar, el corto plazo es el más productivo. Por eso, suelen pactar cesiones inferiores a cinco años. Pasado ese tiempo, vuelven a buscar el mejor postor o a renegociar las condiciones.

A veces se cede la propiedad total. Es el caso de ingenios como ciertos microchips, en los que el esfuerzo de dar con sus interioridades es mayor que el de desarrollar un ingenio propio. A las universidades no les interesa gastar en proteger lo que en dos años será obsoleto y directamente venden el producto. En otras ocasiones, la venta es más etérea. Es el caso de la cesión de tecnología en la que se transfiere el know how (el procedimiento). Se vende cómo construir o desarrollar algo, protegiendo el proceso y no el resultado.

En cualquier caso, José María Manrique, de la OTRI de la Universidad de Zaragoza, insiste en que "hay que seguir dando prioridad a la investigación básica" y recuerda que Estados Unidos se entregó en un momento casi totalmente a la investigación aplicada para, en los últimos años, volver a la básica con mucha fuerza.