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Santillana reclama a Cultura el pago acordado por el uso de Altamira

Cuando faltan aproximadamente dos meses para la apertura de la réplica de Altamira, el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Santillana del Mar tratan de ponerse de acuerdo en torno al censo reservativo que el Estado paga al municipio por el uso y gestión del yacimiento. Las negociaciones se reemprenden hoy en Madrid, después de haberse celebrado recientemente otra reunión sin alcanzar acuerdo.El Ministerio de Cultura pretende reducir la cuantía del censo reservativo, a lo que se opone el Ayuntamiento, que desea su mantenimiento. Por tal concepto, Santillana recibe este año del ministerio 29,7 millones, casi dos más que el año pasado.

Las cuevas pasaron a ser propiedad del Estado en 1987 después de un pleito que duró nueve años, iniciado por el Ayuntamiento con intención de hacerse con la propiedad de las cuevas administrada hasta entonces por el Patronato de las Cuevas Prehistóricas de la provincia de Santander. En tres instancias ganó el Ayuntamiento, primero en el juzgado de Torrelavega, luego en la Audiencia Provincial y, finalmente, en la Territorial de Burgos. Antes de que la cuestión pasara al Supremo, el Ayuntamiento decidió llegar a un acuerdo con el Estado cediéndole la propiedad a cambio de constituir un censo reservativo de carácter anual. La cantidad nunca sería inferior a cinco millones de pesetas, equivalentes a la mitad de los ingresos generados por la explotación de las cuevas (ingresos solamente procedentes de publicaciones, reproducciones, museo y réplica porque la entrada es gratuita desde entonces, si bien muy restringida).

Un pago menor

El acuerdo preveía que, si en el curso de los próximos 60 años, el Estado decidía suspender el censo, debería pagar de una vez 333 millones de pesetas al Ayuntamiento. El ministerio no pretende la anulación del convenio, sino pagar menos al Ayuntamiento so pretexto de las muy altas inversiones llevadas a cabo para la construcción de la neocueva y del Museo de Sitio, en total 2.400 millones de pesetas, de los que la UE aporta 1.400; 257, el Estado español; más de 500, la Fundación Botín; 202, el Gobierno regional, y unos 60, el Ayuntamiento, cuyo presupuesto para este año asciende a 380 millones.

En el último pleno municipal todos los grupos mostraron su propósito de defender el mantenimiento del censo reservativo. Las negociaciones iniciadas contemplan tal exigencia del Ayuntamiento en cuyo término municipal se encuentra Altamira, considerada patrimonio de la humanidad. En el convenio en su día suscrito ya se contemplaba la posibilidad de construir una réplica de los bisontes.

Según estimaciones oficiales, las pinturas reproducidas podrán ser visitadas anualmente por unas 500.000 personas, que previamente habrán pasado por taquilla. Los ingresos por el uso y gestión de Altamira experimentarán, pues, en el futuro un aumento considerable.

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