El Ejército chileno se compromete a localizar a los desaparecidos durante la dictadura de Pinochet

Después de nueve meses de trabajo, la mesa de diálogo constituida por representantes de las Fuerzas Armadas y abogados defensores de los derechos humanos, e impulsada por el Gobierno, acordó en la madrugada de ayer un mecanismo para buscar a los centenares de desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Los militares se "comprometen solemnemente" a entregar al presidente Ricardo Lagos toda la información que consigan sobre el paradero de las víctimas, sin tener que revelar sus fuentes y en un plazo de seis meses prorrogables otro semestre.

Los integrantes de la mesa entregaron el acuerdo, un texto de cuatro folios, al presidente Ricardo Lagos, quien lo calificó como un "gran paso en el camino de la reconciliación". El acto se celebró en el palacio de La Moneda y asistieron representantes de todos los poderes del Estado, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el líder de la derecha y ex candidato presidencial, Joaquín Lavín. Mientras, unos 30 integrantes de agrupaciones de parientes de víctimas de la dictadura se manifestaban contra el acuerdo en el exterior del palacio.Lagos advirtió de que el documento "no establece la historia oficial", pero reintegra a Chile al curso natural de la historia y permite mirar al futuro. El presidente resaltó el compromiso de que "nunca más" haya personas desaparecidas en el país y agredeció la "valentía y coraje" de la institución castrense al reconocer las violaciones a los derechos humanos. "Hemos cerrado una página de la historia", pero "no en lo profundo de nuestros corazones", afirmó el presidente chileno.

Aunque el acuerdo no significa el fin de la transición, es la primera vez desde que ésta comenzó en marzo de 1990 que los uniformados reconocen la existencia de personas (la inmensa mayoría, opositores a la dictadura) que fueron detenidas y después desaparecieron. "Los desaparecidos dejan de ser 'presuntos desaparecidos'", afirmó un abogado miembro de la mesa.

Crímenes de la dictadura

No obstante, las organizaciones de familiares de las víctimas temen que el acuerdo también se acompañe de un riesgo: que inhiba la nueva actitud de los jueces ante los crímenes cometidos en la dictadura, incida en el proceso contra Pinochet y que, al fin y al cabo, los militares no entreguen la información sobre el destino de los desaparecidos.

El documento establece en sus reflexiones iniciales que hubo una responsabilidad colectiva en la creación del clima previo al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, sobre el cual los chilenos tienen "legítimamente, distintas opiniones". Condena las "graves violaciones a los derechos humanos" cometidas por agentes del Estado en el régimen militar, pero también la "violencia política" de algunos opositores a éste, y pide desterrar este método de acción.

Las Fuerzas Armadas se "comprometen solemnemente" a hacer sus máximos esfuerzos para entregar al presidente "información útil" que permita encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o conocer su destino. Quienes faciliten la información estarán amparados por el secreto profesional (que se pide crear para este efecto mediante una ley) y podrán conservar en secreto la identidad de sus fuentes. No obstante, un párrafo señala expresamente que los militares no tienen "actualmente" información sobre los desaparecidos, pero están dispuestos a colaborar en su búsqueda.

El presidente entregará esta información a la Corte Suprema, que designará a jueces especiales para que la investiguen. Si los datos corresponden a procesos en trámite, tendrán que remitirse al tribunal correspondiente.

En las primeras reacciones, el presidente de la Corte Suprema, Hernán Alvarez, consideró el acuerdo una "gran solución" al problema de los derechos humanos. El Partido Socialista expresó su deseo de que las Fuerzas Armadas "hagan buen uso" del plazo que tienen para entregar la información. El abogado que ha presentado el mayor número de querellas (más de 30) contra Pinochet, Nelson Caucoto, se mostró "suspicaz" por si corre la idea de que la transición ha acabado, esto podría influir en la Corte Suprema, a pocas semanas de que dicte su fallo sobre la inmunidad del ex dictador.