Los bajos precios de los productos y las subidas de los carburantes disparan el malestar en el campo valenciano

Vender un kilo de patatas entre cinco y 13 pesetas cuando cuesta 25 pesetas de producir y se vende a 70 pesetas el kilo en los comercios no parece un buen negocio. Es el botón de muestra que se repite en la producción agrícola de muchas comarcas valencianas. Los bajos precios de productos como las patatas, la fruta de verano de la Vall d'Albaida (ahora diezmada por el pedrisco), las alcachofas de Benicarló o los cítricos están provocando numerosas manifestaciones de los agricutores, convocados por las organizaciones agrarias durante los últimos meses. Protestas contra el decreto de polinización, por los bajos precios de los productos, así como las más recientes contra la subida de los carburantes o la petición de mantener las ayudas de la Unión Europea a los frutos secos, son algunas de sus reivindicaciones."El agricultor es un empresario que trabaja e invierte en un producto, no es una pieza de museo y quiere vivir dignamente de su trabajo", afirma el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultura (AVA), Cristóbal Aguado, que considera que los productos mediterráneos están discriminados respecto a otros europeos. Una opinión compartida por el secretario general de la Unió de Llauradors i Ramaders, Lucio Monteagudo, que defiende la constante desventaja de los productos mediterráneos frente a otros continentales. Europa, explica Monteagudo, "siempre mira hacia el norte y el centro, nunca hacia el sur".

Las organizaciones agrarias reclaman la necesidad de renegociar las ayudas directas a los productos mediterráneos, a través de las Organizaciones Comunes de Mercados (OCM), en la actualidad pendientes de renovación y que según los representantes de los agricultores, "no han evolucionado a la vez que las necesidades de los sectores" y no reúnen las condiciones necesarias para salir de la crisis.

Éste sería el caso de la OCM del arroz, en la que se está estudiando la supresión del precio de intervención del producto, un colchón que asegura una renta mínima, o la de frutas y hortalizas, dentro de la que se está planteando la supresión de ayudas a los frutos secos, un sector que la Unión Europea (UE) considera preparado para competir con los países terceros. Los agricultores temen que la supresión de ayudas pondría en peligro la continuidad de un sector importante en las comarcas de interior. La preocupación provocó, la semana pasada, una reunión entre la Consejera de Agricultura, María Ángeles Ramón-Llin y representantes de agricultura de Cataluña, Murcia, Andalucía y Baleares, para hacer un frente común y que la UE siga financiando y mantenga las ayudas.

En la Comunidad Valenciana hay 167.000 hectáreas dedicadas al cultivo de frutos secos, un sector del que viven 80.000 familias. La producción anual de almendras es de 61.000 toneladas, un cuarto de la producción nacional y 50.400 toneladas de algarrobas, el 48% del total español. La supresión de estas ayudas se plantea especialmente dramática porque las explotaciones de frutos secos se sitúan en zonas desfavorecidas y con escasez de recursos hídricos, lo que hace difícil su sustitución por un cultivo alternativo.

La reforma de la OCM de frutas y hortalizas es vista por los agricultores como el paso necesario para paliar las deficiencias de sectores estratégicos para el campo, como el citrícola, que este año ha tenido una mala campaña, caracterizada por la caída de cotización de casi todas sus variedades. Los precios que se pagaron al agricultor, similares a los de hace 20 años, estuvieron marcados por una falta de planificación de la campaña y el incremento descontrolado de la superficie destinada al cultivo, que aumenta a razón de 10.000 hectáreas cada año.

Otra de las preocupaciones es el progresivo envejecimiento de su población y la ausencia de relevo generacional. La poca rentabilidad del campo agudiza la tendencia de los jóvenes a abandonar la agricultura, de forma que más de la mitad de los agricultores valencianos tienen entre 55 y 60 años. Los jóvenes buscan empleo en otros sectores productivos y mantienen el trabajo en el campo como actividad secundaria, lo que convierte la agricultura a tiempo parcial en una práctica muy común. "Sólo el 10% de los agricultores se dedican exclusivamente a esta actividad", explica el presidente de AVA. Esta situación, explica Cristobal Aguado, permite "aguantar" mejor las malas campañas, ya que "si vivieran sólo del campo, la situación sería mucho más dramática".

Toda esta problemática está marcada por una característica coyuntural del campo valenciano: el minifundismo. La parcelación agraria es superior a la de cualquier país europeo. Así y frente al proceso de reagrupación de tierras en los países europeos, más del 50% de las explotaciones valencianas tienen menos de una hectárea; alrededor del 30% tienen entre una y cinco hectáreas y sólo un 15% supera las cinco hectáreas. Las organizaciones agrarias piden un plan ambicioso de modernización del campo que tome medidas contra la parcelación agraria y favorezca la agrupación de tierras, lo que tendrá evidentes ventajas en cuanto a reducción de costes de producción y mejora de la competitividad. La pelota está ahora en el tejado de la Consejería de Agricultura, que está elaborando un proyecto de ley que favorezca la agrupación de tierras.

Desde la Unió de Llauradors i Ramaders-COAG, que estos días anunciaron movilizaciones frente al Palau de la Generalitat cada día que se reúna el Consell y hasta que Eduardo Zaplana los reciba, han solicitado al Gobierno valenciano la elaboración de una ley básica de agricultura y desarrollo rural, que regule todos los aspectos de la actividad agrícola y de aquellos que la trabajan y que priorice a los agricultores por encima de otras consideraciones.

Mientras los agricultores se manifiestan y la Administración española mira hacia Europa, el campo valenciano se prepara para afrontar la campaña de verano, que en comarcas como la Vall d'Albaida se plantea difícil para la cosecha de frutas, que arrastran una crisis desde hace siete años y se agrava con los daños del pedrisco.

La Administración, concluye Monteagudo, debe decidir "si apuesta por una agricultura con agricultores o en manos de las empresas".