La profesora sancionada de la URV podrá corregir las pruebas de selectividad

La profesora de la Universidad Rovira i Virgili (URV) Josefina Albert podrá corregir finalmente los exámenes de acceso a la universidad (PAAU), después de que la comisión interuniversitaria que coordina estas pruebas rectificara su decisión inicial de excluirla, lo cual supone una deslegitimación de la postura adoptada el año pasado por el rector Lluís Arola.

Arola -que se enfrenta a una petición fiscal de ocho años de inhabilitación tras la denuncia de la profesora por presunta prevaricación- apartó a la docente de los exámenes después de que trascendiera que ésta se había dirigido al Defensor del Pueblo denunciando una supuesta marginación del castellano.La misma comisión interuniversitaria que ahora considera válida a la profesora calificó hace unos meses como correcta la decisión de Arola. La rectificación se produce después del estudio de un dictamen judicial que desaconsejaba la exclusión de Albert, y fue comunicada el pasado viernes a los rectores de las universidades catalanas.

La decisión ha sido interpretada en la universidad tarraconense, según diferentes fuentes consultadas, como un intento de la Generalitat y, en particular, de la comisión interuniversitaria de permanecer alejadas de un conflicto que, dependiendo de su decisión, podría haber llegado a salpicarlas. De hecho, la profesora ya había anunciado su intención de recurrir si se hubiera decidido su exclusión. La comisión explicó oficialmente a los rectores que su decisión venía enmarcada por su nuevo organigrama y funcionamiento: mientras que el año pasado eran los rectores quienes validaban la designación de los profesores para las pruebas de la selectividad, a partir de ahora es la propia comisión (de carácter técnico) la que se encarga de ello.

Josefina Albert se manifestó satisfecha por la decisión y aseguró que entiende "ahora menos" su exclusión el pasado año. La profesora resultó apartada de las pruebas después de que trascendiera que ella, junto con otro profesor que también fue excluido, se había dirigido al Defensor del Pueblo para darle cuenta de una situación de marginación del castellano en las pruebas de 1998. Según aseguró, el presidente de su tribunal la exhortó a no entregar copia de los exámenes en castellano a dos alumnos que lo solicitaron. La URV niega tal extremo y asegura que la profesora fue apartada porque incumplió la normativa de las pruebas al no comunicar, para que constara en acta, el incidente, que la universidad incluso niega que se llegara a producir.

El caso de la profesora ha coincidido en el tiempo con la suspensión por orden judicial del reglamento de usos lingüísticos del catalán en la URV, a raíz de una denuncia por inconstitucionalidad formulada por Convivencia Cívica Catalana, una entidad presidida por el conservador Aleix Vidal-Quadras. La vista por el juicio del caso de Josefina Albert se iniciará el próximo miércoles.