Televisiones locales: la ley de la amenaza permanente Enrique Bustamante

La apelación del Gobierno central al Tribunal Constitucional para impedir la legalización de la televisión local por el Gobierno de Castilla-La Mancha, en donde el Ministerio de Fomento se había empeñado precisamente en los últimos tiempos en cerrar emisoras, es la última señal de una política audiovisual autoritaria y declaradamente partidista, en donde el presunto viaje al centro no ha guardado ni siquiera las apariencias. Pero además, y en este caso concreto, pone en riesgo un rico panorama de más de mil emisoras de televisión local terrestre que, contra viento y marea, han comenzado a generar un sector económico prometedor y que, sobre todo, constituyen un indispensable dinamizador cultural y social de sus municipios y poblaciones.Desde el ya lejano bautismo de TV Cardedeu en 1981, la televisión local ha pasado en España casi dos décadas de travesía del desierto, enfrentándose al reto económico de sobrevivir en una situación de alegalidad que permitía periódicas olas de expedientes y amenazas de cierre. Mientras, a su alrededor se incrementaban los canales públicos y se abría a la competencia privada la megatelevisión, sin que a ningún poder parecieran interesarle esas decenas y luego centenares de iniciativas locales que nacían, y no pocas veces morían, en una obligada precariedad. A finales de 1995 pareció, por fin, que la regulación podía conciliarse con la realidad cuando se promulgó la Ley de Televisiones Locales por Ondas Terrestres que, aun con cautelas excesivas, permitía legalizar su funcionamiento. Pero la euforia duró poco.

El Gobierno popular ha intentado efectivamente, en 1997 y 1999, modificar esa ley sin que consiguiera los apoyos parlamentarios suficientes y, mientras tanto, ha optado por no realizar el reglamento de desarrollo, de forma que las televisiones locales se encuentran obligadas a legalizarse, pero sin vías para hacerlo; y los Gobiernos autonómicos y Ayuntamientos deben regular las concesiones de unas frecuencias que el Gobierno no establece.

La situación es aun más kafkiana en el contexto de la política audiovisual del PP: licencias múltiples de radio digital a empresas y grupos políticamente afines sin experiencia alguna en el sector y profusión de nuevas cadenas de televisión digital hertziana, abiertas y codificadas, nacionales y regionales. Una generosidad que olvida toda previsión de viabilidad financiera y de consolidación de nuestra industria audiovisual a favor de un escenario de múltiples agentes, políticamente afectos en su mayoría, pero económicamente debilitados y, por ello, permanentes deudores del poder.

Pese a todo, la televisión local ha logrado consolidarse en España como un fenómeno comunicativo importante en muchas regiones, aun con una enorme diversidad de tipos de propiedad, de fuentes de financiación, de horarios y de programación. En medio del vacío legal ha conseguido comenzar a asociarse para la compra y producción de programas, a mejorar sus ofertas y aprovechar sus ventajas de cercanía al espectador, a profesionalizar su gestión. En muchas localidades, sus emisoras constituyen un factor fundamental para la creación y difusión de la información y la cultura local y, por esa vía, para la conciencia y la participación ciudadanas. Un panorama que requeriría una regulación que incentivara esos aspectos positivos y que consolidara la situación económica de lo que podría constituir, además, en el futuro, ese segundo mercado para la producción audiovisual que tanto se ha echado en falta en Europa.

En cambio, las acciones recientes del Gobierno amenazan esa laboriosa construcción con una represión paradójicamente amparada bajo la bandera de la liberalización.

Liberalización controlada, que permite que decenas de Ayuntamientos gobernados por los populares gestionen y controlen emisoras locales sin problemas, que otras muchas televisiones locales en manos de empresarios afines extiendan sus emisiones a ámbitos transmunicipales y casi regionales, pero que hace pender una permanente y caprichosa amenaza sobre la mayoría. Porque las emisoras creadas después de 1994 no se consideran legales, pero las que operaban antes tampoco lo son.

En el caso de Castilla-La Mancha, parece además concurrir una especial intención: cerrar el paso ejemplarmente, como ya se buscó en parte en Canarias, a todo intento de las regiones menos ricas de generar un nuevo modelo de canales regionales sobre el tejido de las televisiones locales existentes. Así, los errores del modelo de televisión autonómica actual sólo tendrían como salida la privatización completa de su gestión y su comercialización extrema.

Enrique Bustamante es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Complutense.