El Ejecutivo argentino afronta un aumento de las revueltas sociales
Tras el acuerdo del sábado pasado que puso fin a la revuelta social en la provincia argentina de Salta, la explosiva situación reinante en diversos puntos del país preocupa al Gobierno y amenaza con nuevos estallidos de violencia. Las promesas del Gobierno provincial de generar fuentes genuinas de empleo y la puesta en marcha por parte del Estado de planes de trabajo subsidiado con unos 160 dólares (28.000 pesetas) mensuales han acallado momentáneamente las protestas en Salta.
El diario Clarín publicaba ayer un mapa de los conflictos sociales en Argentina. La provincia de Corrientes dio el primer aviso en diciembre pasado, días después de que Fernando de la Rúa asumiera la presidencia de la nación. Los trabajadores estatales provocaron graves disturbios por el retraso del pago de sus salarios. El Gobierno intervino en la provincia, la gendarmería reprimió a sangre y fuego y dos manifestantes muerieron. Salta fue el siguiente capítulo de la conmoción social de las provincias argentinas. Un muerto y decenas de heridos fueron la antesala de un acuerdo de urgencia firmado el sábado después de once días de corte de carreteras.
Otras provincias reúnen los ingredientes para que prenda en cualquier momento la llama de la revuelta. Jujuy y Santiago del Estero, vecinas de Salta, con bajos ingresos por habitante y escaso índice de desarrollo, sufrieron graves inundaciones en meses recientes. En el sur patagónico, las provincias de Neuquén y Río Negro afrontan situaciones críticas. En la primera se han reproducido los conflictos generados, como en Salta, por la privatización de la petrolera YPF, que supuso el despido de 5.000 trabajadores. Río Negro tiene una deuda superior a los mil millones de dólares, cifra que supera en un 48% los ingresos de todo un año.
Efecto cascada
El Gobierno admite que hay diez provincias en estado crítico, y señala los riesgos de que se produzca un efecto cascada en los estallidos sociales. Una comisión interministerial de secretarios de Estado está en estudio, pero hasta ahora, según la oposición, el Gobierno se ha limitado a desempeñar un papel de bombero, tratando de evitar la propagación de los incendios provinciales. El secretario de Empleo, Horacio Viqueira, ha advertido de que el Ejecutivo no está dispuesto a asumir el coste político de los conflictos sociales porque, según afirmó, en muchos casos el responsable de la situación no es el Gobierno federal, sino la caótica administración de algunos poderes provinciales y la herencia de diez años de gobierno del peronista Carlos Menem. En Salta, donde más del 42% de la población tiene las necesidades básicas insatisfechas, llama la atención los cinco millones de dólares de los que dispone el gobernador (peronista) en concepto de gastos reservados.
Un policía herido de bala en los disturbios de la localidad de General Mosconi explicaba ayer que su salario mensual es de algo más de 500 dólares (87.500 pesetas). Esta guerra de pobres contra pobres -trabajadores en paro frente a los agentes encargados de la represión- conforma la otra cara de Argentina, que poco tiene que ver con algunas imágenes porteñas que exhiben el éxito de los beneficiarios de la oleada privatizadora puesta en marcha la última década.
