Un juzgado de La Rioja permite grabar dentro de domicilios para aportar pruebas de violencia doméstica
Un juzgado de La Rioja ha autorizado esta semana la grabación de conversaciones y sonido ambiente en el interior de un domicilio, que posteriormente podrán ser utilizadas como prueba judicial en un caso de violencia familiar. Es la primera vez, según el Gobierno de La Rioja, que se concede en España esa autorización, dentro en un programa de protección a las víctimas de violencia doméstica. La medida se inscribe en un programa en el que se facilita a las víctimas que se acogen a él pulseras o pulsadores de alarma que, en caso de peligro, pueden activar para llamar así a la Policía Local. Previamente las mujeres han entregado en comisaría copia de las llaves de sus domicilios.
El Gobierno riojano no ha revelado la localidad en que se han autorizado las grabaciones.
En Cataluña ya se ha aplicado un programa de pulseras, pero sin autorización para el acceso de la Policía Local con llaves entregadas por las propietarias, ni tampoco permiso para efectuar grabaciones.
En agosto del año pasado, la Generalitat catalana -al presentar un anteproyecto de ley par a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres- anunció un programa de pulseras, que sólo se activarían de noche y serían entregadas a mujeres para las que el juez hubiese decretado vigilancia obligatoria por malos tratos.
Las pulseras se conectan mediante un pequeño transmisor con comisaría, donde suena un timbre de alarma no bien la mujer acciona el dispositivo. Se trata de un tipo de utensilios ya probados con enfermos crónicos y personas mayores que requieren ayuda urgente.
En Cataluña las pulseras fueron entregadas a cinco mujeres, todas de la provincia de Girona, que eran objeto de reiterados malos tratos por parte de sus ex maridos o ex compañeros. Las cinco tenían perfiles personales, laborales y familiares muy distintos, aunque el peligro que corrían era similar para las autoridades judiciales y por tanto eran sometidas a vigilancia policial noche y día, unas por decisión de los jueces y otras de la policía autonómica. La idea comporta por tanto un ahorro, al no ser necesaria la vigilancia directa durante toda la jornada.
Tras el anuncio de la experiencia, el Instituto Catalán de la Mujer y otras instancias de la Generalitat recibieron numerosas solicitudes de pulseras de alarma.
Estados Unidos
En 1998 hubo un antecedente en Florida (Estados Unidos). Un juez del condado de Palm Beach decretó que personas actualmente en libertad, pero que hubieran sido condenadas por agresión, llevaran en el tobillo una pulsera electrónica que permitiera a la policía tenerles localizados en todo momento. El juez esgrimió, en apoyo de la idea, que significaría una reducción de órdenes judiciales y de encarcelamientos preventivos.
El juez incluso previó el siguiente paso: se habló de brindar a las mujeres maltratadas o amenazadas una vigilancia a través de satélite. Se trataría de utilizar sistemas de localización empleados por el Ejército estadounidense, y que tuvieron buenos resultados para encontrar a un piloto de los bombardeos sobre territorio serbio.
Los grupos cívicos manifestaron sus reticencias, y argumentaron que esas medidas podían crear un exceso de confianza en las mujeres y, por tanto, hacerlas en realidad más vulnerables a agresiones.
Según estadísticas oficiales, un tercio de las mujeres asesinadas en Estados Unidos lo fueron a manos de sus cónyuges.
