Más de 3.300 mujeres y 4.000 niños lograron refugio para huir de los malos tratos en 1999 Las plazas de acogida, una por cada 17.000 habitantes, están lejos de las demandas europeas

Al menos 3.389 mujeres se refugiaron el año pasado en los centros de acogida para evitar los malos tratos infligidos por sus parejas. Buena parte se cobijó con sus hijos: unos 4.000 niños vivieron (días, semanas o meses) en alguno de los 196 recintos abiertos en España, según los datos que recabó este periódico. La dotación total de plazas de acogida en España, una plaza de acogida por cada 17.081 habitantes, está muy lejos de las recomendaciones europeas. "Los refugios son una vía de escape imprescindible", asegura una usuaria que ha logrado poner fin a su pesadilla.

La violencia doméstica en España, además de un reguero de muertes (42 víctimas el año pasado), provoca un rosario de huidas para ponerse a salvo de las agresiones de los maridos o compañeros.En 1999, al menos 3.389 mujeres lograron refugiarse en los centros de acogida que gestionan distintos servicios sociales y organizaciones. Muchas llegaron con sus hijos (4.085 niños atendidos). Los datos, elaborados por EL PAÍS a partir de las cifras facilitadas por las administraciones autonómicas, no incluyen la Comunidad Valenciana, el País Vasco y Canarias, ya que no se facilitaron (ver cuadro adjunto).

Sin embargo, el recurso al centro de acogida es minoritario. Se suele demandar cuando fallan otros apoyos, como la familia, o se carece de autonomía económica. Es el caso de A., una madre de cuatro hijos que reside en una ciudad de tamaño medio. "Estuve 12 años casada, dedicándome a la casa y a los niños. Sufría las vejaciones de mi marido. Me obligaba a vestirme como él quería, me impedía hablar en público... Poco a poco me fue anulando. Las cosas iban cada vez peor. Se le empezó a ir la mano. Intenté suicidarme dos veces. La situación era insostenible", relata.

La puerta del colegio de sus hijos le abrió un rayo para la esperanza. Mientras aguardaba para recoger a los chavales trabó amistades. "Comprobé que yo no era una imbécil, que los demás me valoraban". Con la autoestima recuperada, al menos parcialmente, A. tomó la decisión de separarse. El chantaje emocional, las amenazas y las palizas fueron la respuesta de su marido.

La mujer logró trabajo, primero como asistenta y en la hostelería después, pero un mal día se quedó sin empleo... y con una depresión galopante.

A., con dos de sus hijos, se refugió entonces en un centro de acogida. "Vi el cielo abierto. Por fin alguien me decía 'no te preocupes, hay solución". Durante los seis meses de permanencia recibió apoyo psicológico. También logró un nuevo trabajo, y ahorros para alquilar un piso. Cuatro años después de aquello, y con la vida rehecha, A. lo tiene claro: "Si no hubiera casas de acogida, yo me habría tirado al río".

Recurrir al hotel

Las mujeres como A. disponen de refugios en casi todas las provincias españolas. Teruel es una excepción, a la que también se suman islas como Menorca, Fuerteventura, Hierro y La Palma.

Según los datos obtenidos, en España hay al menos 196 recintos de acogida. Dependen de los gobiernos autonómicos, los ayuntamientos o las organizaciones privadas. La estancia suele tener límite temporal. La tipología es variada: desde centros de emergencia (abiertos 24 horas) hasta casas de acogida, pasando por pisos-puente o tutelados.

Según la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, "sólo una pequeña parte de los centros cuenta con expertos adscritos y programas terapéuticos elaborados".

Los lugares de acogida han aumentado, en paralelo con la creciente sensibilización ante el problema. En total ofrecen 2.305 plazas. Pero no son las únicas: en Andalucía, Aragón o Ibiza se recurre a hoteles cuando los centros están llenos. "Cumplimos el objetivo de no dejar desatendida a ninguna mujer que lo necesite", asegura la directora general del Instituto Andaluz de la Mujer, Rosa Gómez. Su homóloga aragonesa, Ana de Salas, coincide.

A pesar del aumento de dotaciones, que permiten ofrecer una plaza de acogida por cada 17.081 habitantes, España está aún muy lejos de las pautas fijadas en el continente, que en 1986 recomendaban una plaza por cada 10.000 habitantes.

Más presupuesto

Aún se dista más del planteamiento hecho por 300 juristas europeas reunidas a finales del pasado mes abril en Calvià (Palma de Mallorca). Pidieron una plaza por cada 5.000 habitantes y el destino del 1% de los presupuestos generales de cada Estado para erradicar el problema en Europa. Esta cantidad supondría dedicar unos 320.000 millones de pesetas al año en España para actuar contra la violencia doméstica (ver EL PAÍS de 1 de mayo).

Las distintas responsables autonómicas consultadas reconocen que aún se está lejos de alcanzar semejante gasto. Y aunque acogen con interés la demanda de las juristas, prefieren no marcar porcentajes. Aseguran que los servicios actuales suelen ajustarse a las necesidades.

"La petición no me parece desmesurada, pero hay que empezar por mejorar la gestión de los medios que ya existen", sostiene la directora general de la Mujer de Castilla y León, Ana Parra. En parecidos términos se manifiestan otras responsables, como Txaro Arteaga, directora del Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde). "Más que plantear un porcentaje concreto, hay que pedir que se cubran todas las necesidades y mejorar lo que se ofrece", dice.

Sin embargo, las necesidades a menudo quedan ocultas. Los expertos coinciden en que las cifras disponibles en la actualidad sólo ilustran una pequeña parte del problema: buena parte de las mujeres no se atreven a denunciar los malos tratos, ni recurren a los servicios sociales.

Una macroencuesta del Instituto de la Mujer, publicada este año, considera que alrededor de 1.865.000 españolas (12,4% de las mayores de 18 años) sufren alguna forma de maltrato familiar. "Con que haya sólo un caso de malos tratos a una mujer ya es un fracaso de la democracia", apunta la directora del Instituto Andaluz de la Mujer. A. lo corrobora: no olvida la pesadilla.

Sensibilidad creciente ante un viejo problema

"Llevamos muchos años trabajando contra los malos tratos a las mujeres. Nos llamaban exageradas hasta que se produjo un punto de inflexión: la muerte de Ana Orantes", dice la directora del Instituto Vasco de la Mujer, Txaro Arteaga. El fallecimiento de aquella granadina, quemada viva por su marido el 17 de diciembre de 1997, actuó como aldabonazo hasta para el Ministerio del Interior. A partir de entonces perfila mejor los datos de este viejo problema.

Desde ese momento ha habido otras iniciativas, como la implantación, en 1998, de un fiscal dedicado a coordinar las denuncias por malos tratos en cada provincia. El pasado mes de abril, el Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía ultimaron la puesta en marcha de un servicio de asistencia jurídica especializada a las víctimas de la violencia doméstica. Merced a ello habrá unos 5.000 abogados de oficio especializados en estas cuestiones. En paralelo, buena parte de los servicios sociales y organizaciones ofrecen también asistencia jurídica a las agredidas.

"El problema de las mujeres maltratadas ha ganado relevancia, sobre todo gracias a los medios de comunicación. Sin embargo, el Gobierno debe sentarse a negociar con las organizaciones que sabemos de esto a fin de hacer un plan de choque para atajar o erradicar esta violencia", sostiene Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. Esta entidad despliega una actividad notable y gestiona un centro de acogida.

Menos miedo

"La única mejoría conseguida es que el problema ya aflora. Pero sólo se resolverá cuando cambien las relaciones de poder entre hombres y mujeres y se eviten la dominación masculina y la sumisión femenina. Las políticas de igualdad deben ayudar a ello. Mientras tanto, sólo ponemos parches", sostiene la directora del Instituto Vasco de la Mujer. Su homóloga aragonesa es algo más optimista. "Las mujeres van perdiendo el miedo a denunciar porque se sienten más apoyadas", sostiene. En su región las denuncias han pasado de 323 en 1994 a 577 el año pasado. En cambio, la responsable del Instituto Asturiano de la Mujer, Begoña Fernández, se muestra más cauta: "Aún cuesta dar el paso de distanciarse del agresor", apunta.

"En España no hay más violencia contra las mujeres que en otros países, lo que ocurre es que es un problema más público y se afronta desde las administraciones. Se ha mejorado mucho", concluye la directora general de la Mujer de Madrid, Asunción Miura.